Durante años hemos repetido una y otra vez que las redes sociales son simples herramientas y que, como tales, su impacto y su utilidad dependen del uso que hagamos de ellas. Si un adolescente pasa horas enganchado a Instagram o TikTok, acostumbramos a buscar la responsabilidad en él mismo, en los padres, en la escuela o en una sociedad que ha normalizado que un menor lleve permanentemente en el bolsillo un dispositivo capaz de reclamar su atención a cualquier hora. Es una explicación cómoda porque sitúa el problema en quien consume y deja casi intacto a quien diseña el producto. Y quizás, antes de preguntarnos por qué nos cuesta tanto desconectar, deberíamos empezar por una cuestión más difícil de esquivar. ¿Quién se enriquece con nuestra dificultad para hacerlo?

Meta se sienta estos días en el banquillo de los acusados en un proceso que puede marcar un punto de inflexión en la relación entre las grandes plataformas digitales y sus usuarios. El juicio comenzó el 18 de agosto en Oakland, California, impulsado por una coalición bipartidista de fiscales generales de 29 estados norteamericanos. Según Reuters, los demandantes acusan a Meta de haber diseñado Facebook e Instagram de manera que favorecieran conductas adictivas entre los más jóvenes, de haber minimizado determinados riesgos y de haber vulnerado normas de protección de datos infantiles. Meta, por su parte, rechaza estas acusaciones y defiende que las pruebas demostrarán su compromiso con la seguridad de los menores. Estamos ante un juicio y no ante una sentencia, pero reducir el caso a determinar si la empresa infringió unas normas concretas sería perder de vista el debate que realmente nos interpela.

Lo que está en cuestión es también el modelo económico que sostiene estas plataformas. Meta ingresó 60.801 millones de dólares durante el segundo trimestre de 2026 y, de estos, 59.363 millones procedían de la publicidad, casi el 98% de la facturación trimestral, según los resultados publicados por la propia compañía el 29 de julio. No significa que Meta venda literalmente nuestro tiempo, pero sí que necesita que entremos, que volvamos y que permanezcamos el tiempo suficiente para que nuestra atención se convierta en oportunidades comerciales. Cuantas más interacciones generemos, más información acumula el sistema sobre aquello que nos interesa, nos emociona o nos indigna. Nuestro tiempo no es un efecto secundario del negocio. Es una de las materias primas que Meta transforma en valor.

Y es precisamente aquí donde convertir el uso excesivo de las redes en una simple cuestión de autocontrol empieza a resultar insuficiente. Es legítimo que cualquier empresa quiera fidelizar a sus clientes y reforzar el atractivo de su producto. La cuestión cambia radicalmente cuando la permanencia deja de ser únicamente una consecuencia de la calidad del servicio y se convierte en uno de los ejes vertebradores del modelo de negocio. Cuando una plataforma es capaz de aprender en tiempo real qué estímulos consiguen retener a cada persona y de adaptar continuamente la experiencia, ya no hablamos tan solo de un producto bien diseñado, sino de una arquitectura extraordinariamente sofisticada para disputar una de las cosas más escasas que tenemos, nuestra atención.

Meta necesita que entremos, volvamos y permanezcamos el tiempo suficiente para que nuestra atención se convierta en oportunidades comerciales

El desplazamiento infinito, la reproducción automática, las notificaciones o las recomendaciones algorítmicas pueden enriquecer la experiencia, pero comparten una característica decisiva: reducen los momentos en que tenemos que decidir activamente si queremos avanzar o detenernos. Cuando el contenido no se acaba nunca, continuar se convierte en la opción predeterminada y parar exige una decisión consciente. La diferencia puede parecer minúscula, pero económicamente es enorme, en tanto que convierte la permanencia en una variable que se puede diseñar, medir y optimizar.

Sería fácil convertir a Meta en el mal absoluto y a los adolescentes en víctimas indefensas, pero sería una simplificación. El pasado 15 de abril de 2026, el Pew Research Center publicó un estudio elaborado a partir de una encuesta a 1.458 adolescentes norteamericanos de entre trece y diecisiete años que muestra una realidad bastante más compleja. Estas plataformas sirven para entretenerse, mantener el contacto con amigos y familiares, compartir intereses y descubrir contenidos, y una mayoría de los adolescentes describe positivamente su experiencia. Negar esta utilidad sería tan poco riguroso como ignorar sus riesgos. Precisamente porque las redes satisfacen necesidades reales, tienen también la enorme capacidad de ocupar una parte relevante de nuestro tiempo.

La contradicción aflora cuando nuestro bienestar puede exigir que cerremos la aplicación, mientras que la lógica económica continúa premiando la permanencia. Y cuando hablamos de menores, esta tensión se vuelve aún más difícil de ignorar. Resulta discutible esperar de un adolescente la misma capacidad de resistencia que atribuimos a un adulto mientras, al otro lado, operan sistemas capaces de analizar qué observa, qué ignora, qué comparte y qué contenido consigue que permanezca. Presentar esta relación como si ambas partes dispusieran de una capacidad equivalente es, como mínimo, ingenuo.

Meta sostiene que ha reforzado significativamente las protecciones. En mayo de 2026 anunció que ampliaba el uso de la inteligencia artificial para detectar cuentas que probablemente pertenecen a adolescentes, aunque los titulares hayan declarado otra edad, a la vez que extendía las protecciones de las Teen Accounts. Es de justicia reconocer estos avances. Pero también es legítimo preguntarse por qué unas empresas que llevan años demostrando una extraordinaria capacidad para interpretar nuestros comportamientos han necesitado tanta presión social, reguladora y judicial para perfeccionar la identificación y la protección de sus usuarios más jóvenes.

Si retenernos genera valor económico, ¿dónde acaba una buena estrategia empresarial y dónde empieza la explotación deliberada de nuestra dificultad para desconectar?

Europa ya ha decidido entrar directamente en esta discusión. El 10 de julio de 2026, la Comisión Europea concluyó preliminarmente que el diseño adictivo de Instagram y Facebook podría infringir la Ley de Servicios Digitales. La investigación señala expresamente el desplazamiento infinito, la reproducción automática, las notificaciones y los sistemas de recomendación altamente personalizados, y considera insuficientes las medidas adoptadas para mitigar sus riesgos. El cambio es profundo porque Europa ya no se limita a preguntar qué circula por las redes, sino también cómo están construidas para que sigamos mirando. Cuando el regulador entra en la arquitectura del producto, inevitablemente acaba entrando también en los incentivos económicos que hay detrás.

En Catalunya no podemos observar esta discusión como una batalla exótica entre fiscales norteamericanos y multimillonarios de Silicon Valley. Nuestros adolescentes utilizan diariamente las mismas plataformas y están expuestos a los mismos mecanismos de captación de la atención. Podemos restringir los móviles en las escuelas, establecer horarios familiares y poner énfasis en la educación digital, pero en ningún caso podemos pretender que padres y profesores compensen solos un desequilibrio que es estructural. Una familia educa a un adolescente mientras una plataforma global perfecciona sus productos a partir del análisis del comportamiento de miles de millones de personas. Convertirlo todo en una cuestión de autodisciplina significa exigir al consumidor que resuelva individualmente un problema que también ha sido diseñado industrialmente.

El precedente de la industria del tabaco aparece inevitablemente en este debate, aunque Instagram no sea un cigarrillo ni sus efectos sean equiparables. El paralelismo relevante no es el producto, sino el conocimiento de la industria sobre los efectos de su propio negocio. La discusión sobre el tabaco cambió cuando dejamos de preguntar únicamente si fumar era perjudicial y empezamos a preguntar qué sabía la industria, desde cuándo lo sabía y qué había hecho con aquella información. Ante las plataformas digitales empezamos a plantearnos algo similar. No solo si determinadas funcionalidades pueden favorecer conductas compulsivas, sino qué saben estas empresas sobre estos efectos y qué ocurre cuando proteger más al usuario implica, necesariamente, reducir las métricas de interacción.

Insisto una vez más: no hay que demonizar a Meta para exigir estas respuestas. Una economía de mercado necesita empresas con la capacidad de innovar, asumir riesgos, crecer y generar beneficios, pero también requiere límites cuando los incentivos empresariales entran en conflicto con la protección de los más vulnerables. Si una compañía obtiene valor captando y prolongando nuestra atención, la forma en que lo consigue no se puede considerar irrelevante. La libertad de empresa difícilmente puede consistir en privatizar los beneficios mientras trasladamos íntegramente al consumidor la responsabilidad sobre las consecuencias del producto.

El juicio de Oakland determinará las responsabilidades jurídicas de Meta, cierto. Pero el debate que nos interpela va más allá de los tribunales. La auténtica incomodidad no es descubrir que Instagram puede enganchar, sino haber tratado durante años esta conducta como una debilidad individual mientras construíamos un negocio extraordinariamente rentable alrededor de la capacidad de captar y prolongar nuestra atención. Y es aquí donde deberíamos situar la discusión que el juicio de Meta acaba de iniciar. Si retenernos genera valor económico, ¿dónde acaba una buena estrategia empresarial y dónde empieza la explotación deliberada de nuestra dificultad para desconectar?