El pasado miércoles, CCOO, UGT, CGT, la PAH y el Sindicato de Inquilinas anunciaron una huelga general para el próximo 11 de noviembre, en nombre de la vivienda y los salarios dignos. Será el primer paro de 24 horas convocado por los sindicatos mayoritarios desde 2012 y caerá, casualidades del calendario, dos días antes de que empiece la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. La convocatoria llega después de la muerte de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada en Madrid que se ha convertido en símbolo del movimiento. Que el problema es real, nadie lo discute: el acceso a la vivienda es hoy la principal fractura social del país. Ahora bien, precisamente porque el problema es serio, vale la pena examinar qué se nos propone, contra quién y por qué ahora.

Comencemos por el convocante que da nombre a la causa. Un sindicato, en el sentido clásico del término, es la organización de los trabajadores ante una contraparte concreta, la patronal, con quien negocia condiciones. ¿Cuál es la patronal del Sindicato de Inquilinas? Según el Banco de España, más del 90% de las viviendas alquiladas como residencia habitual a precio de mercado son propiedad de personas físicas, y las empresas tienen solo un 8%. Dicho de otra manera, la contraparte no es un fondo buitre con sede en Delaware, sino cientos de miles de pequeños ahorradores que han convertido un piso en complemento de sus ingresos. También conviene recordar que la huelga es una herramienta laboral, de modo que el coste del paro no lo pagarán los propietarios de vivienda, sino empresas y autónomos que no alquilan ningún piso a nadie. Es una huelga enviada a la dirección equivocada.

Tampoco está muy claro contra quién se hace. Una huelga general se dirige, por definición, a quien tiene el poder de cambiar las cosas, es decir, al gobierno. Pero el contexto apunta en otra dirección. El 2 de octubre, el Congreso rechazó los dos decretos de vivienda con los votos de PP, Vox y Junts; tres días después se convocaban elecciones, y el 6 de octubre el Consejo de Ministros aprobaba de nuevo unos textos que, en palabras del propio presidente, mantienen la esencia de los que habían decaído, para llevarlos a la Diputación Permanente, donde la aritmética le es favorable. Usar un órgano pensado para la continuidad institucional para enmendar el veredicto del pleno cuatro días después no es precisamente un ejercicio de deferencia parlamentaria. ¿Qué poder real tiene, pues, una oposición que no gobierna, no hace presupuestos y a quien el gobierno esquiva incluso cuando gana una votación? ¿Qué se le reprocha a esta oposición?

Cuando un sindicato sincroniza su máxima herramienta de presión con el calendario electoral de un partido se convierte en una correa de transmisión

Entre 2012 y hoy, los sindicatos mayoritarios no han encontrado motivo para una huelga general, ni con una inflación que en 2022 superó el 8% y se comió buena parte del poder adquisitivo, ni con unos alquileres que en 2024 subieron casi un 9% en los nuevos contratos. Hemos tenido que esperar a la víspera de unas elecciones, y a un momento en que quien gobierna necesita movilizar a su electorado, para que la indignación cristalizara en paro. Cuando una organización sindical sincroniza su máxima herramienta de presión con el calendario electoral de un partido, deja de ser un contrapoder para convertirse en una correa de transmisión. Pero los datos son los que son: el gasto del conjunto de las administraciones en vivienda está estancado en el 0,5% del PIB desde 2020 y representa solo un 1% del gasto público total, en plena recaudación récord. El Plan Estatal de Vivienda hasta 2030 destina 1.400 millones anuales, un 0,09% del PIB. Mientras tanto, la demanda ha crecido como nunca: el Banco de España cifra en 750.000 viviendas el déficit acumulado entre 2021 y 2025; solo el año pasado se crearon unos 240.000 hogares nuevos y se terminaron 92.000 viviendas, y el mismo organismo avisa de que el vigor de los flujos migratorios ensanchará la brecha. Se ha celebrado el crecimiento demográfico como motor del PIB sin planificar dónde viviría toda esta gente. Esto no es un accidente del mercado, sino una bomba de relojería con responsables políticos bien identificables.

Los grandes perjudicados son los jóvenes, que sufren el problema en primera persona y a quienes, en lugar de un diagnóstico, se les ofrece un culpable: el pequeño propietario o la oposición que vota en contra. Es una estafa de expectativas, porque ninguna de las recetas que se reivindican —prórrogas forzosas, topes de precios, expropiaciones— añade una sola vivienda al parque, y la experiencia acumulada indica que a menudo restan. Si de verdad queremos que el alquiler baje, la presión debería dirigirse a quien puede mover las palancas: el suelo, las licencias que se eternizan, el presupuesto para vivienda pública y la coherencia entre la política demográfica y la capacidad de construir. Esta huelga, en cambio, la pagarán las empresas, la capitalizarán los partidos y la sufrirán, una vez más, los mismos jóvenes.