El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha impuesto una sanción económica de 1.000 euros a un magistrado que utilizó ChatGPT en la elaboración del borrador de una sentencia. La Comisión Disciplinaria, por mayoría, ha considerado que la conducta del juez constituye una falta grave, pero no una falta muy grave, motivo por el cual ha descartado la suspensión de 15 días que había propuesto inicialmente el promotor de la acción disciplinaria.

El caso ha generado un intenso debate sobre los límites del uso de la inteligencia artificial en el ámbito judicial, en un momento en que la tecnología avanza más deprisa que la capacidad de los operadores jurídicos para regularla.

Los hechos trascendieron porque el magistrado olvidó eliminar del texto definitivo de la sentencia las consultas que había realizado a ChatGPT. Esto permitió comprobar que la argumentación del juez se había apoyado en el análisis generado por la herramienta a partir de la información que él mismo le había facilitado.

El promotor de la acción disciplinaria hizo hincapié en que el magistrado había presentado al resto del tribunal una "aparente sentencia" que en realidad escondía una intervención significativa de un sistema automatizado. La falta grave apreciada consiste en "revelar, fuera de los canales de información judicial establecidos, hechos o datos de los que tengan conocimiento en el ejercicio de su función", según el artículo 418.8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El CGPJ descarta la falta muy grave porque la IA fue un complemento

El promotor de la investigación había propuesto una suspensión de 15 días por una falta muy grave, relacionada con la "ignorancia inexcusable" en el cumplimiento de las funciones judiciales, además de una multa de 501 euros por falta grave. Sin embargo, la Comisión ha descartado la infracción más grave tras analizar las circunstancias del caso.

Según el acuerdo, el magistrado utilizó la inteligencia artificial "como auxilio y complemento, pero no en sustitución de sus funciones judiciales". Este matiz ha sido clave para rebajar la sanción. Paralelamente, la Fiscalía defendió que los hechos no constituían ninguna infracción disciplinaria y solicitó el archivo del expediente sin ningún castigo.

En su expediente, el instructor recordó que el uso de sistemas algorítmicos en el ámbito judicial no está prohibido per se, pero que existen límites infranqueables. La principal línea roja es que la inteligencia artificial no puede sustituir la función jurisdiccional ni liberar al juez de sus responsabilidades.

En este caso, el magistrado vulneró el deber de diligencia en la elaboración de las resoluciones, ya que externalizó el método de trabajo y expuso al tribunal a cuestiones de seguridad y confidencialidad. La Comisión Disciplinaria ha querido dejar claro que el uso de la IA no es incompatible con el ejercicio de la judicatura, pero siempre que se haga con transparencia, rigor y respeto a los derechos fundamentales.

Prohibición de que la IA sustituya a los jueces

El propio Consejo General del Poder Judicial ya había advertido sobre los riesgos de estas prácticas. El pasado 28 de enero, el Pleno aprobó una instrucción en la que establece con claridad que la inteligencia artificial no puede dictar sentencias, valorar pruebas ni aplicar el derecho sin un control humano "real, consciente y efectivo".

La normativa también prohíbe que la IA sustituya a los jueces en tareas vinculadas a la función jurisdiccional, la responsabilidad y la independencia judicial, o en aspectos relacionados con la confidencialidad, la seguridad y la prevención de sesgos algorítmicos. La instrucción fue aprobada por 11 votos a favor y 6 en contra y refleja la creciente preocupación ante la irrupción de la IA en uno de los poderes del Estado.

Un precedente que abre el debate sobre la IA en la judicatura

Esta es la primera sanción conocida en España contra un juez por el uso de ChatGPT en la redacción de resoluciones judiciales. El precedente es importante, porque no condena la tecnología en sí misma, pero sí recuerda a los operadores jurídicos los límites de su utilización. La multa de 1.000 euros es económicamente modesta, pero tiene un efecto simbólico relevante.

A partir de ahora, los jueces que recurran a la inteligencia artificial para redactar sus escritos deberán ser muy cuidadosos para no traspasar la línea que separa la ayuda técnica de la delegación de funciones. El debate sobre la ética de la IA en la judicatura está servido. Esta sanción, más que cerrar, abre un nuevo capítulo en la relación entre la tecnología y la administración de justicia en España.