Henna Virkkunen, vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, ha reconocido que "una parte muy grande" de la Ley de Inteligencia Artificial (IA) de la Unión Europea ya ha quedado desfasada, incluidas partes que teóricamente ya son de aplicación. Estas declaraciones, hechas en el marco de la Web Summit de Lisboa, ponen de manifiesto la dificultad que Bruselas afronta para regular una tecnología que evoluciona a un ritmo muy superior al de los procesos legislativos.
Virkkunen, en declaraciones a los medios, ha utilizado una metáfora no explícita, pero evidente: la carrera entre la liebre legislativa y la tortuga tecnológica la está ganando esta última. "Una parte muy grande de la ley de IA se ha envejecido", ha afirmado la responsable política, detallando que esta obsolescencia afecta incluso a apartados que ya han entrado en vigor. El núcleo del problema radica en la falta de estándares técnicos, la columna vertebral que debe permitir aplicar la ley.
La Ley de IA, aprobada en 2023 y que comenzó a desplegarse de manera gradual a principios de este año, se encuentra ahora en una encrucijada. El apartado que regula las "aplicaciones de alto riesgo" está previsto que comience a aplicarse el próximo mes de agosto. Sin embargo, Virkkunen admitió que los estándares necesarios para su implementación "deberían haber estado listos con un año de antelación". La "certeza legal", pero, choca con la realidad de un vacío regulatorio técnico. Sin estos estándares clarificados, las empresas no pueden saber con precisión cuáles son sus obligaciones, y los organismos supervisores no tienen una base sólida para la fiscalización.
Un cambio de rumbo anunciado
En respuesta a este desajuste, el Ejecutivo comunitario está evaluando abiertamente la posibilidad de posponer partes de la ley. El próximo 19 de noviembre, la Comisión presentará una revisión integral de parte de su marco digital, una medida que podría incluir una prórroga para las tecnológicas para cumplir con algunos de los requisitos más complejos de la Ley de IA.
Este movimiento se inscribe en una tendencia más amplia en Bruselas. En los últimos meses, se han revisado numerosas normativas de la UE, no solo en el ámbito digital, sino también en el medioambiental y el agrícola, bajo el argumento de la necesidad de "reducir la carga burocrática de las empresas". Los críticos, sin embargo, ven en esta tendencia un posible aflojamiento de la ambición normativa de la UE en nombre de la competitividad.
La posición de la vicepresidenta Virkkunen refleja esta tensión. Ya el pasado junio, la dirigente defendió que los objetivos de las leyes digitales del bloque "son muy válidos, quizás ahora más que nunca". Sin embargo, añadió un importante matiz: "Pero si hay algo, por ejemplo, con los estándares y las directrices, para lo que (las empresas) no están preparadas". Esta paradoja subraya el dilema de la UE: cómo garantizar que su bandera de la "soberanía tecnológica" no se convierta en un lastre para su propia industria, mientras intenta establecer las reglas más estrictas del mundo para una tecnología disruptiva.
El despliegue progresivo de la ley es ahora mismo un mosaico de plazos inciertos. Desde febrero, están prohibidos en espacios públicos sistemas de identificación biométrica en tiempo real. Y desde agosto, los grandes modelos generativos de IA como el ChatGPT de OpenAI o el Gemini de Google están obligados a respetar los derechos de autor y a combatir la información discriminatoria. Sin embargo, el reloj sigue corriendo para una pieza clave del rompecabezas. Bruselas debería haber publicado el pasado agosto los estándares técnicos definitivos que permitirán determinar si un modelo de IA es de alto riesgo y, por tanto, si debería ser prohibido en la UE por su potencial capacidad de causar daños a las personas o poner en peligro los derechos fundamentales.
La falta de estos estándares deja en un vacío legal tanto a los desarrolladores como a los ciudadanos, y es la prueba más palpable de la urgencia que ha llevado a la Comisión a plantearse una revisión de urgencia de una ley que, paradójicamente, aún no se ha aplicado del todo. La confesión de Virkkunen en Lisboa no es solo un reconocimiento de un problema logístico; es el síntoma de una batalla fundamental sobre el futuro de la regulación tecnológica en un mundo que cambia más rápido que la ley.