Josep Sánchez Llibre no ha ahorrado críticas contra la política de vivienda del Gobierno. El presidente de Foment del Treball ha afirmado que los decretos en esta materia que se votarán en el Congreso buscan socializar de manera "encubierta" la propiedad privada y ha asegurado que no servirán para resolver el problema de fondo. Sánchez Llibre pone el foco en los propietarios que, según él, se verán afectados por las nuevas normas. "Quieren resolver en ocho días lo que han sido incapaces de resolver en ocho años", ha espetado.
El dirigente empresarial, en un foro informativo, ha explicado que los decretos van en la dirección de socializar la propiedad privada de "miles de personas físicas que durante muchos años han ahorrado para tener un complemento de su pensión a través de una vivienda de alquiler". Según su lectura, estas medidas no solo no resolverán el problema de la vivienda en el Estado, sino que perjudicarán a un colectivo que ha usado el alquiler como forma de ahorro a largo plazo. La crítica, por tanto, no se dirige solo a la eficacia de las medidas, sino también al efecto que pueden tener sobre un segmento concreto de propietarios. El resultado de la votación de los decretos en el Congreso es incierto y depende del apoyo que Pedro Sánchez consiga reunir entre los grupos parlamentarios.
Apoyo a la prórroga de las nucleares
Preguntado por la prórroga de la vida útil de la central nuclear de Almaraz, Sánchez Llibre se ha mostrado claramente favorable. El presidente de Foment del Treball ha ido más allá y ha advertido que si no se prorrogan las centrales catalanas (Ascó y Vandellòs), se producirá un "apagón industrial" en Catalunya. "El 60% de la generación eléctrica que se consume en Catalunya proviene de las centrales nucleares", ha argumentado para justificar su posición. Este dato, según él, hace que el mantenimiento de estas instalaciones sea imprescindible para garantizar el suministro eléctrico a la industria catalana. La referencia a un "apagón industrial" no se plantea como una posibilidad remota, sino como una consecuencia directa de dejar sin prórroga unas instalaciones que aportan más de la mitad de la electricidad que se consume en el Estado.
Sánchez Llibre también ha cargado contra el ritmo de la transición energética en Catalunya. A su entender, el país "ha fracasado" en el objetivo de alcanzar las cuotas de renovables previstas para 2030. "En el año 2030, la Generalitat se planteaba que el 50% de las energías que se generaban en Catalunya fueran renovables y estamos en el 25%, con lo cual, nos guste o no nos guste, la energía nuclear es indispensable para evitar el apagón", ha sentenciado. La comparación entre el objetivo fijado y la realidad actual sirve al dirigente empresarial para argumentar que la sustitución completa de la nuclear por renovables no es viable en los plazos previstos.
Otro de los temas que ha abordado durante su intervención en el foro ha sido el absentismo laboral. Sánchez Llibre lo ha calificado de "problema gravísimo". El presidente de Foment del Treball ha pedido una reflexión colectiva sobre esta cuestión. "Tenemos que hacer una reflexión global porque lo que no puede ser es que estemos por encima del doble del absentismo que existe hoy en el resto de países de la Unión Europea", ha reclamado. La comparación con los países del entorno europeo es, según su visión, una señal de que hay margen para corregir la situación.
Pimec valida la acción del Gobierno, pero con condicionantes
Pimec valora positivamente las medidas en materia de vivienda aprobadas por el Consejo de Ministros, aunque advierte sobre los efectos que puede tener la constante sucesión de modificaciones normativas. Según la patronal, esta situación podría generar inseguridad jurídica y dificultar tanto la promoción y la rehabilitación de viviendas como la construcción de nuevos inmuebles.
Ante este escenario, Pimec insiste en la necesidad de alcanzar un acuerdo amplio y estable entre las distintas fuerzas políticas, las administraciones públicas y los agentes sociales y económicos. El objetivo sería establecer un pacto transversal sobre vivienda que permita aumentar la oferta de viviendas asequibles y dar respuesta a un problema que, según la patronal, tiene ya consecuencias directas sobre la competitividad de las empresas.