Con el caso de Maricarmen reciente y algunas calles y plazas ocupadas por movimientos contra los desahucios, aparece un nuevo estudio que sitúa de nuevo la fiscalidad, y no los topes, en el centro de la solución a la falta de vivienda, ya que una rebaja podría tener un efecto directo sobre la oferta residencial en Catalunya. Una reforma que rebajara el impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP) del 10% actual al 4% y transformara el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) en un tributo sobre el valor del suelo permitiría poner en el mercado cerca de 38.000 viviendas más cada año.

Esta es la principal conclusión de un informe del Institut Ostrom, que atribuye la mayor parte de este incremento a pisos de segunda mano que actualmente no se venden porque los propietarios consideran demasiado costoso cambiar de domicilio. El estudio, elaborado por Martí Jiménez-Mausbach, director de Investigación de la institución, estima que la reforma también tendría efectos sobre la obra nueva y la rehabilitación. A escala estatal, el potencial sería de 147.000 viviendas adicionales anuales, mientras que en Barcelona ciudad llegaría a los 4.700. Las cifras provienen de una simulación de Montecarlo con 50.000 iteraciones, calibrada a partir de estudios econométricos internacionales y de los datos de compraventas y construcción.

La propuesta se fundamenta en dos cambios fiscales. El primero, que depende de la Generalitat, consiste en reducir progresivamente el ITP que grava la compra de una vivienda habitual hasta el 4%, el tipo que ya aplica el País Vasco. El Institut Ostrom plantea hacerlo en un plazo de entre cuatro y seis años, con una rebaja mínima de un punto porcentual anual. El cambio no afectaría a las segundas residencias, los inversores ni los locales comerciales.

Según el modelo, esta medida incrementaría un 43% las compraventas de vivienda usada en Catalunya, con un intervalo estimado de entre el 24% y el 81%. En términos absolutos, supondría unos 37.600 pisos adicionales cada año. La razón es que el ITP funciona como un coste añadido a la hora de cambiar de casa y puede desincentivar operaciones que permitirían adaptar la vivienda a las necesidades de cada familia.

Facilitar la construcción

El segundo cambio propuesto afecta al IBI y depende del Gobierno español. La entidad defiende que este impuesto municipal deje de calcularse sobre el valor conjunto del terreno y de la edificación y pase a gravar exclusivamente el valor catastral del suelo. También plantea suprimir la plusvalía municipal, que grava el incremento del valor del terreno cuando se vende un inmueble.

El argumento es que el sistema actual penaliza las inversiones en construcción y rehabilitación, porque el IBI aumenta cuando se incrementa el valor de la edificación. El informe pone como ejemplo tres parcelas con el mismo valor del suelo en Barcelona: un solar vacío paga 3.300 euros anuales de IBI; un edificio antiguo de dos plantas, 5.280 euros, y un inmueble nuevo de seis plantas, 13.200 euros.

Con el nuevo sistema, los tres inmuebles tributarían sobre el mismo valor del terreno, independientemente de las construcciones. Ostrom calcula que este cambio abarataría entre un 4% y un 6% los costes de construir o rehabilitar. En Catalunya, el incremento de la obra nueva iniciada sería del 1,7%, unas 250 viviendas adicionales anuales.

La reforma del IBI requeriría modificar la Ley de Haciendas Locales, competencia estatal, mientras que la Generalitat podría empezar a reducir el ITP sin esperar esta modificación. Para evitar pérdidas de ingresos municipales, la propuesta prevé una transición de cinco años con una recaudación constante por ayuntamiento.

La rebaja del ITP, sin embargo, tendría un coste para las finanzas catalanas. Según el estudio, la recaudación de este tributo en el segmento afectado caería aproximadamente un 31%, lo que representaría unos 275 millones de euros anuales.

El caso Maricarmen vuelve a situar la vivienda en el centro del debate

La propuesta llega en un momento de fuerte tensión política y social en torno al acceso a la vivienda. El desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que vivía desde hacía décadas en el mismo piso de Madrid, ha desencadenado una ola de protestas y ha vuelto a situar los desahucios de personas vulnerables en el centro de la agenda política.

La repercusión del caso también ha acelerado las negociaciones entre el PSOE, Sumar y el resto de formaciones que apoyan al Gobierno para aprobar un nuevo decreto de vivienda, lo que podría hacer el Consejo de Ministros este mismo martes ante la presión social.