El mismo día en el que hemos sabido que la inflación roza ya el 5%, el Consejo de Ministros ha aprobado un tercer paquete de medidas para amortiguar el impacto económico del conflicto en Oriente Medio, especialmente sobre los precios de la energía y los carburantes. El nuevo decreto ley, que se suma a los dos anteriores, eleva a más de 12.000 millones de euros el coste total de las actuaciones desplegadas por el Gobierno para hacer frente a la crisis.

El paquete incluye rebajas fiscales sobre los carburantes, limitaciones a las subidas de las tarifas del gas, ayudas al transporte y al sector primario, así como medidas para proteger a los trabajadores y reforzar el funcionamiento del mercado energético.

Rebajas en la factura del gas

El Gobierno limitará el peso de la cotización del gas en la fórmula de cálculo de la tarifa de último recurso (TUR), la tarifa regulada a la que pueden acogerse los consumidores domésticos. El objetivo es evitar que la factura del gas natural experimente en octubre una subida del 45%, como habría ocurrido sin esta intervención. Con el nuevo mecanismo, el incremento final quedará en torno al 15%.

Además, se establece un precio máximo de 19,55 euros para la bombona de butano, que se mantendrá vigente hasta el 30 de junio de 2027.

Rebaja del impuesto sobre los carburantes

El ejecutivo prorroga la reducción del impuesto especial de hidrocarburos, con descuentos progresivamente menores durante el último trimestre del año. La rebaja será de 20 céntimos por litro de gasolina sin plomo y gasóleo en octubre, de 13 céntimos en noviembre y de seis céntimos en diciembre.

También se mantiene la cláusula automática que permite reactivar una bonificación de hasta 20 céntimos por litro si la inflación de los carburantes supera el 15%.

Ayudas al transporte

Las ayudas al transporte terrestre se prolongan durante todo 2026. En este caso, se contempla una devolución parcial del impuesto sobre hidrocarburos de cinco céntimos por litro en octubre, 12 céntimos en noviembre y 19 céntimos en diciembre.

El paquete también incluye la continuidad de los apoyos al transporte marítimo y ferroviario, con el objetivo de compensar el encarecimiento de los costes energéticos.

Apoyo al campo y a la pesca

El Gobierno extiende hasta el 31 de diciembre la ayuda al gasóleo agrario, que contempla una bonificación de 20 céntimos por litro.

Asimismo, se prorroga la ayuda compensatoria destinada a los armadores de pesca, uno de los colectivos afectados por el incremento del precio de los combustibles.

Rebajas fiscales en la electricidad

El decreto mantiene la cláusula automática que permite reducir la fiscalidad energética si los precios de la electricidad y el gas superan en septiembre un incremento interanual del 15%.

En ese supuesto, el IVA aplicado a la luz y al gas bajará del 21% al 10%, mientras que el impuesto especial sobre la electricidad se reducirá del 5,1% al 0,5%.

Protección del empleo y medidas estructurales

El paquete prorroga la prohibición de despedir a los trabajadores en las empresas beneficiarias de ayudas vinculadas al conflicto en Oriente Medio.

Entre las medidas estructurales figuran también el aumento de las reservas de gas natural licuado previstas en el Plan de Acción Invernal y la actualización del régimen sancionador del sector de hidrocarburos, que duplicará las multas asociadas a distintas infracciones.

Por último, el Gobierno encarga a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) analizar la eficacia de las medidas adoptadas y su grado de traslación a los mercados energéticos. El organismo también deberá evaluar la evolución de los precios de los alimentos.