La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha reclamado la refundación de una Agencia Tributaria que, según su valoración, vive hoy "la peor crisis de su historia". Esta crisis deriva tanto de la pérdida de prestigio como de problemas internos, de la utilización política y de la conflictividad laboral. Los inspectores han presentado el documento Una administración tributaria para los ciudadanos en el marco del XXXVI Congreso de Inspectores de Hacienda que se celebra estos días en Toledo, una cita marcada por el accidente ferroviario del miércoles.
En el documento, los inspectores hacen un balance muy negativo de la administración tributaria, que se ha visto instrumentalizada por el poder político en varias ocasiones. Entre estos casos, citan cuando la exministra de Hacienda María Jesús Montero hizo declaraciones públicas sobre la situación fiscal de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, a pesar del deber de secreto. A esto se añaden la falta de interacción con los contribuyentes, que se encuentran un muro que impide cualquier diálogo, y errores de comunicación, como por ejemplo que la Agencia no haya defendido a los inspectores cuando un despacho extranjero los calificó de mafia.
En este sentido, la presidenta de la asociación, Ana de la Herrán, ha lamentado que en los últimos meses los inspectores han sufrido una campaña sin precedentes de ataques con el objetivo de desprestigiar la profesión, incluso con insultos, sin que la Agencia Tributaria los haya defendido. El portavoz José María Peláez ha añadido que la Agencia ha perdido la independencia frente al poder político, como se puede observar en la cascada de nombramientos y ceses de los últimos meses. Peláez ha resumido la situación señalando que faltan medios y sobra burocracia.
La propuesta de un director general nombrado por las Cortes
Ante esta situación, los inspectores proponen refundar la Agencia Tributaria con la aprobación de un Estatuto que le otorgue autonomía orgánica y funcional. Según esta propuesta, el director general sería nombrado por las Cortes para cinco años renovables una sola vez, debería rendir cuentas ante el Congreso de los Diputados y estaría desligado del secretario de Estado de Hacienda. Esta futura Agencia debería contar con una financiación estable y plurianual, ligada a su carga de trabajo y a las inversiones, con independencia de la recaudación, así como con un sistema permanente de auditoría sobre las necesidades de personal. Para mejorar la lucha contra el fraude, los inspectores aseguran que se necesitan muchos más medios. De la Herrán ha insistido en esta idea y ha propuesto integrar todas las facultades de comprobación en un único departamento de control y en una inspección integral que abarque todos los impuestos, lo que permitiría centrar las actuaciones en los casos más graves de fraude.
Además, proponen crear una Oficina Nacional Antifraude (ONAF) que persiga el fraude fiscal organizado, el contrabando y el blanqueo de capitales, de la que dependería la policía fiscal. Junto con esto, exigen reformas legales para poder realizar actuaciones sin identificación previa e implementar un plan especial y permanente de inspección de representantes y partidos políticos, así como un seguimiento patrimonial de los condenados por corrupción. También proponen establecer la obligación de conservar la contabilidad y los justificantes, crear un régimen especial para defraudadores o un sistema de muerte civil para estos, por ejemplo, revocando el NIF. Asimismo, insisten en la necesidad de contar con un Consejo Asesor de la Agencia Tributaria en el que participen todas las administraciones, para alejar el riesgo de fragmentación por la cesión de la gestión tributaria a la Generalitat.
Peláez ha celebrado este punto con la expresión de que les ha salvado la campaña de las elecciones. Los inspectores también reclaman llevar la inteligencia artificial al día a día de los inspectores, de manera que cada uno pueda analizar miles de operaciones y detectar anomalías, es decir, hacer aquello que hoy no es posible. Para ello, ven necesario implementar un plan de inteligencia artificial en el puesto de trabajo, con agentes especializados y acompañado de un programa de formación. Debido al carácter reservado de los datos, solo se podrían utilizar herramientas propias, y el plan debería contar con la garantía de que siempre habrá supervisión humana.