El Ingreso Mínimo Vital ha llegado en junio de este año a 860.458 hogares en España. En estos hogares residen 2,6 millones de personas, según las últimas estadísticas oficiales publicadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La cuantía media abonada se situó en 507 euros mensuales por unidad familiar, y la nómina total asignada a la prestación alcanzó los 465 millones de euros en aquel periodo. Si se tiene en cuenta que España registra aproximadamente diecinueve millones de hogares, esta magnitud indica que el IMV da cobertura a algo más del 4,5% de las unidades familiares. La prestación se concentra de manera mayoritaria en los segmentos de renta más baja, que son los que cumplen los requisitos para acceder a ella.
El IMV está gestionado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social desde su implantación en el año 2020. La prestación está diseñada para garantizar un umbral mínimo de ingresos a las personas y familias que no alcanzan los límites económicos fijados por la ley. Para un beneficiario unipersonal, este límite de referencia se sitúa en los 720 euros mensuales durante el año 2026. La cuantía varía en función de la escala de incremento por convivencia. Para una unidad integrada por dos adultos, la prestación asciende a aproximadamente 1.085 euros, y aumenta de manera progresiva por cada miembro adicional que se incorpora a la unidad de convivencia. Este diseño tiene en cuenta que las necesidades económicas de una familia crecen a medida que lo hace el número de personas que forman parte de ella.
El impacto en la población menor de edad
Uno de los rasgos más destacados del IMV es su impacto sobre la población infantil y adolescente. El 41% de los beneficiarios de la prestación se integra en el tramo de la infancia y la adolescencia, lo que suma un total de un millón de menores. Esta cifra da una idea del peso que tiene la protección de la infancia dentro del conjunto de la prestación. Los hogares con menores de edad representan el 70% del total de las familias perceptoras. En concreto, hay 591.436 unidades de convivencia que incorporan al menos un hijo a cargo. De este conjunto, 144.960 corresponden a la tipología de hogares monoparentales, y la mayoría tienen como titular a una mujer. Esta concentración de la prestación en unidades familiares con hijos responde al diseño técnico de la ayuda, que establece coeficientes de incremento a medida que aumenta el número de miembros del hogar e incorpora un concepto específico para la infancia.
La importancia de este enfoque en la infancia se explica por el contexto social. España registra una de las tasas de pobreza infantil más elevadas de la Unión Europea, con cerca del 27% de los menores en riesgo de pobreza o exclusión social según las series de Eurostat. Este dato determina que este colectivo sea considerado destinatario preferente de las políticas de protección social. El diseño del IMV incorpora de manera complementaria la Ayuda para la Infancia, conocida por sus siglas CAPI. Se trata de una asignación económica orientada a reforzar la cobertura de las familias con menores a cargo. En la nómina de junio, este concepto fue percibido por 600.076 hogares, con una ayuda media de 122 euros por unidad de convivencia con menores.
Las cuantías mensuales se gradúan en función de los tramos de edad de los hijos. Para los menores de hasta tres años, la ayuda es de 115 euros; para los niños de entre tres y seis años, de 80 euros; y para los comprendidos entre los seis y los dieciocho años, de 57 euros. Esta escala decreciente se fundamenta en la distribución de los costes fijos asociados a los primeros años de desarrollo, un periodo en el que las necesidades de atención especializada registran importes superiores. Una característica técnica del CAPI es su autonomía de gestión respecto al IMV principal. Sus umbrales de ingresos y patrimonio son más elevados, lo que facilita que los hogares con rentas bajas o moderadas, que no se encuentran en situación de exclusión severa y por tanto no reúnen las condiciones del ingreso mínimo ordinario, puedan acceder a esta cobertura.
Compatibilidad con el trabajo
El régimen jurídico del IMV establece su compatibilidad con los rendimientos procedentes del trabajo. Cuando un beneficiario se incorpora al mercado laboral, la prestación no se extingue de manera automática. En su lugar, se aplica un mecanismo de revisión gradual en función del incremento de los ingresos salariales. Este protocolo de reducción progresiva tiene como finalidad asegurar que la obtención de un empleo no se traduzca en una pérdida neta de ingresos para el beneficiario. De esta manera, se mitiga el efecto de desincentivación laboral que se produciría si la prestación se extinguiera de manera inmediata en el momento de conseguir una ocupación.
La edad media de las personas cubiertas por el IMV se sitúa en los 28,5 años. Este indicador estadístico constata que la prestación se dirige de manera preferente a los adultos jóvenes y a las familias que se encuentran en las fases iniciales de emancipación. Este perfil difiere de la distribución demográfica de otras prestaciones del sistema de Seguridad Social, que se orientan mayoritariamente hacia cohortes de más edad. La concentración en estos tramos de edad es un reflejo de las condiciones de acceso al mercado de trabajo que experimentan los menores de 35 años en España. En este sector de la población, los índices de temporalidad contractual y de empleo a tiempo parcial no voluntario registran valores elevados, lo que dificulta la estabilidad económica y alarga la dependencia de apoyos como el IMV.