Las autoridades estadounidenses han conseguido bloquear más de 2.700 millones de dólares de los aproximadamente 6.300 millones sustraídos a Binance en el mayor robo de criptomonedas registrado hasta la fecha. De esa cantidad, el Departamento de Justicia ha obtenido autorización judicial para incautar o retener más de 1.200 millones de dólares (1.084 millones de euros), en una operación que pone de manifiesto la creciente cooperación entre organismos públicos y empresas privadas del ecosistema de activos digitales.

El anuncio, realizado el jueves por el Departamento de Justicia, supone un avance significativo en la investigación del ciberataque perpetrado el pasado 29 de octubre contra Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo. El FBI atribuye la operación a miembros del ejército norcoreano integrados en el grupo conocido como TraderTraitor.

La investigación se ha convertido en una operación internacional de rastreo financiero. Según el Departamento de Justicia, las autoridades estadounidenses están trabajando con proveedores de servicios de activos virtuales para identificar, congelar, incautar y recuperar los fondos sustraídos. Mientras tanto, los responsables del robo continúan intentando blanquearlos mediante plataformas de intercambio, puentes entre cadenas de bloques y servicios de mezcla de criptomonedas.

La dimensión del ataque ha obligado a movilizar a buena parte de los principales actores del sector. Según informó Reuters, Binance contó las primeras horas con la colaboración del FBI y del Servicio Secreto estadounidense, mientras que los emisores de monedas estables Tether y Circle intervinieron para bloquear activos vinculados al robo.

La rapidez de esa respuesta resulta especialmente relevante por las características del mercado de criptomonedas. A diferencia de las transferencias bancarias tradicionales, las operaciones realizadas sobre determinadas redes blockchain pueden ejecutarse en cuestión de minutos y atravesar distintas plataformas y jurisdicciones. Sin embargo, algunos activos digitales, especialmente las monedas estables centralizadas, permiten a sus emisores congelar determinadas direcciones cuando reciben instrucciones o solicitudes justificadas de las autoridades.

La firma de análisis blockchain Chainalysis estimó inicialmente que alrededor de 2.800 millones de dólares habían quedado congelados a comienzos de noviembre. La cifra comunicada ahora por Washington, superior a 2.700 millones, confirma la magnitud de la respuesta coordinada, aunque no significa que todo ese dinero haya sido recuperado definitivamente.

De hecho, el Departamento de Justicia distingue entre los activos congelados y aquellos cuya incautación o retención cuenta ya con autorización judicial. El procedimiento de confiscación deberá seguir su curso legal para determinar la titularidad legítima de los fondos y permitir, en su caso, su restitución.

El robo, valorado en unos 6.300 millones de dólares, ha supuesto un duro golpe para la seguridad del sector. Binance aseguró que asumiría todas las pérdidas ocasionadas por el ataque con recursos propios y que los fondos de sus clientes estaban protegidos.

Washington considera que este tipo de operaciones formarían parte de una estrategia más amplia de financiación ilícita del régimen norcoreano. La ofensiva estadounidense anunciada esta semana incluye también la desarticulación de infraestructura informática utilizada por otro grupo de piratas norcoreanos, identificado como FaceStealer. Según el Departamento de Justicia, esta red habría conseguido robar más de 400 millones de dólares en criptomonedas durante los últimos 18 meses.

Su método resulta especialmente preocupante por la utilización de inteligencia artificial y técnicas de ingeniería social. Los atacantes recurrían a invitaciones falsas a videoconferencias, cuentas previamente comprometidas y vídeos manipulados mediante tecnología deepfake para suplantar la identidad de personas conocidas por las víctimas. Además de dirigirse a profesionales de los sectores cripto y Web3, los responsables habrían intentado acceder a dispositivos y cuentas de desarrolladores y mantenedores de programas de código abierto, con el objetivo de comprometer la cadena de suministro de software.