La decisión del Consejo de Ministros de volver a aprobar los dos decretos sobre vivienda ha provocado una reacción contundente por parte de los Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya. La entidad ha expresado su preocupación por una maniobra que, bajo su criterio, va más allá de una cuestión procedimental y afecta al corazón mismo de la manera como se hacen las políticas públicas en materia de vivienda. El malestar no viene tanto del contenido de los decretos como de la manera como se han vuelto a impulsar. Según los API, el hecho de que el gobierno español recupere los textos pocos días después de que el Congreso los haya tumbado, y que lo haga sin introducir cambios sustanciales, es una señal de alerta que el sector no puede ignorar. Para entender la dimensión de la controversia, hay que fijarse en el mecanismo que se ha utilizado.

Cuando el Congreso no convalida un real decreto ley, el texto decae y, en principio, queda sin efectos. Pero existe una vía alternativa: la Diputación Permanente, el órgano que vela por el funcionamiento de las cámaras cuando estas no están en sesión o han sido disueltas. La Constitución atribuye a este órgano determinadas funciones, y los API no cuestionan su legitimidad ni su papel institucional. Lo que ponen en duda es el uso que se hace de él.

A su entender, usar este mecanismo para intentar aprobar, en cuestión de días, unas medidas que el pleno del Congreso ha rechazado, y sin que haya habido un proceso real de diálogo, negociación y revisión entremedio, desnaturaliza la función de la cámara baja y debilita la calidad del debate democrático. Esta es, probablemente, la crítica más incisiva del comunicado. No se trata de una objeción formal ni de un tecnicismo jurídico, sino de una advertencia sobre las consecuencias que puede tener para la salud democrática el hecho de buscar alternativas para esquivar un voto adverso en lugar de aceptarlo y volver a empezar.

Uno de los puntos que ha generado más indignación entre los agentes inmobiliarios es la afirmación de Pedro Sánchez, de que los reales decretos son fruto del diálogo con el sector inmobiliario. Los API han sido tajantes: sus organizaciones no han participado en "ningún proceso de diálogo, negociación o acuerdo" sobre el contenido de los decretos. Estas críticas llegan en un momento especialmente delicado para el mercado de la vivienda en Catalunya y en el resto del Estado.

Los precios de compraventa y de alquiler han experimentado incrementos significativos en los últimos años, la oferta disponible se ha reducido en muchas zonas y el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. En este contexto, cualquier medida que afecte al sector genera expectativas y temores. Los propietarios temen que las regulaciones reduzcan la rentabilidad de sus activos o limiten su capacidad de decisión.