Ana Pastor no gana para disgustos. Hace pocos días leíamos que la periodista y Antonio García Ferreras eran los protagonistas de un chat de 115 agentes de la Policía municipal de Madrid. Una conversación donde se deseaba la muerte y el asesinato de los dos. La presentadora de El Objetivo (La Sexta) ha vuelto a recibir feroces amenazas de muerte vía Twitter que ella misma ha compartido por la red social.

Entre los múltiples improperios, el usuario que ha amenazado a Pastor -que posteriormente ha borrado sus comentarios y la cuenta- la alerta que acabará con ella "en menos de siete días" y que lo dice "muy en serio". "El clásico cobarde", lo define la periodista en relación a la eliminación de los tuits.

Dada la preocupación del gobierno central en perseguir tuiteros, Pastor ha instando al Ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido a actuar también ante los ataques que ha recibido ella. A pesar de que lo ha hecho de una manera bastante escéptica.

El ministro del Partido Popular anunció hace pocos días que la Policía Nacional había detenido a un hombre en Barcelona por celebrar en las redes sociales la muerte del fiscal general, José Manuel Maza. Haciendo gala de la eficacia de los cuerpos policiales nacionales.

Muchos usuarios se han solidarizado con Pastor y han exigido a la policía y a Zoido que actúen para erradicar estas conductas.

Ante estas amenazas, ¿cuál es el criterio que sigue la policía y la justicia para condenar los comentarios en las redes sociales?