Carmen Martínez-Bordiú sigue acaparando titulares. La nieta de Franco se convirtió en una "grande" oficial de España hace un par de meses y ya consta como Duquesa desde la publicación en el BOE. La concesión del título nobiliario no comporta muchos beneficios, pero le ayuda a seguir viviendo de las rentas.
Ella misma ha presumido de ello todos estos años: "No he tenido que trabajar en toda mi vida", ha dicho un montón de veces. Pues bien, parece que esta falta de trabajo ha repercutido en sus pagos a Hacienda.
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Infolibre ha destapado una presunta irregularidad de Bordiú que le habría llevado a ser condenada por la Audiencia Nacional. Resulta que debería medio millón de euros, una cantidad que ahora tendrá que abonar. ¿Y eso por qué? En principio, por haber declarado 57.000 € de ganancias en una venta de acciones cuando en realidad habría ingresado 6,7 millones de euros.
Los hechos se remontarían al 2006, cuando la Duquesa habría vendido 42 participaciones de una inmobiliaria que le supusieron unas ganancias de casi 10 millones de euros. Con este dinero, habría comprado -y decorado- varias casas. Y en vez de declarar la cantidad total, habría declarado sólo el dinero restante con el objetivo de pagar menos impuestos.
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La sentencia se dictó el pasado marzo e intenta demostrar que los pisos que compró con este dinero también forman parte de la actividad económica que tenía que declarar.
Ella, sin embargo, lo niega todo en un comunicado que acaba de enviar: "No es cierto que haya sido condenada al pago de sanción alguna a favor de la Agencia Tributaria tal y como se asegura en medios de prensa. Aclaro que en mi declaración de IRPF del 2006 y 2007 declaré todas las ganancias patrimoniales obtenidas por la venta de acciones, acogiéndome a unas bonificaciones contempladas en la Ley de IRPF. La Agencia Tributaria interpretó que no quedaba acreditado el cumplimiento de la totalidad de los requisitos previstos en la norma para la aplicación de dicha bonificación y en defensa de mis derechos recurrí este criterio. La controversia administrativa finalizó por Sentencia de la Audiencia Nacional de 7 de marzo de 2018, en la que confirma el criterio de la Agencia Tributaria. Por supuesto, se trata de una desestimación de mis recursos, pero no ha supuesto la imposición de sanción alguna, porque la Administración no apreció la comisión de ninguna infracción tributaria por mi parte y por lo tanto no ha existido fraude ni evasión fiscal, tal y como se insinúa en las mal intencionadas notas de prensa publicadas desde el día de ayer".