El Palacio de la Zarzuela vuelve a estar bajo presión. Esta vez no por gestos políticos, ni por disputas familiares. El foco se centra en un juicio inédito. Una empleada con discapacidad acusa a la Casa del Rey y a Patrimonio Nacional de mirar hacia otro lado ante lo que describe como un acoso laboral continuado. Como dicen en esdiario.es, se trata de un juicio sin precedentes.
La protagonista es Manuela, limpiadora en el anexo donde vive la reina Sofía. Tiene 55 años y acumula más de tres décadas de servicio. Su vida cambió en 2022. Un accidente laboral y varias operaciones la dejaron con una discapacidad del 33%. Desde entonces, asegura, comenzó un proceso de hostigamiento.

Una trabajadora denuncia vulneración de sus derechos en Zarzuela
La trabajadora afirma que se han vulnerado derechos fundamentales: la igualdad, la integridad física y moral, y la tutela judicial efectiva. Por eso decidió acudir a los tribunales. Reclama una indemnización de 82.931 euros. El caso se ha visto en el Juzgado de lo Social nº 51 de Madrid y quedó ya visto para sentencia.
La respuesta oficial ha sido el silencio. Patrimonio Nacional se limitó a contestar a Monarquía Confidencial que “no hay comentarios”. Una frase corta. Fría. Insuficiente para frenar la polémica. Porque este proceso abre una grieta en la imagen de una institución que, hasta ahora, no había enfrentado juicios de este tipo.
Durante la vista, hubo voces enfrentadas. Declararon compañeras de limpieza y sindicalistas, que apoyaron a la denunciante. También lo hicieron la gobernanta de Palacio y la delegada de Patrimonio en El Pardo, Amaya Herrero, que negaron los hechos. Dos versiones opuestas. Dos relatos que ahora deberá valorar el juez.
Silencio desde la Casa Real
El episodio clave, según las defensas, ocurrió en febrero, en las perreras de Zarzuela. Un incidente que Patrimonio archivó como “aislado”. Pero Manuela sostiene que fue parte de un patrón. Habla de menosprecio, de marginación, de la falta de adaptación de su puesto a sus limitaciones físicas. Para ella, no fue un hecho puntual. Fue el reflejo de una dinámica tóxica.

El impacto de este juicio va más allá del caso concreto. Coloca en el punto de mira a la reina Sofía, aunque no de forma directa. La trabajadora presta servicio en su residencia, y eso multiplica la visibilidad del proceso. La figura de la emérita, hasta ahora vinculada a la discreción y la solidaridad, queda inevitablemente salpicada.
A la espera de la sentencia, la situación es incómoda para todos. Para la Casa Real, que ve su nombre en los titulares por un conflicto laboral. Para Patrimonio Nacional, cuya gestión del personal queda cuestionada. Y para la propia denunciante, que tras años de silencio decidió plantar cara al poder.