Durante años se ha repetido hasta la saciedad el relato de Juan Carlos I como el monarca clave en la transición democrática española, ensalzado por su papel durante el fallido golpe de Estado del 23-F y como figura conciliadora tras la dictadura. Sin embargo, la construcción económica del personaje dista mucho de ese mito fundacional. En los últimos años del franquismo, el entonces príncipe no sólo fue el delfín designado por Francisco Franco, sino también el beneficiario de una red de comisiones opacas que sentarían las bases de su actual fortuna.
Fue en 1973, en plena crisis del petróleo, cuando comenzó el verdadero despegue económico del futuro rey. Según el veterano cronista Jaime Peñafiel, hasta entonces “dinero, lo que se dice dinero, en la vida de Don Juan Carlos nunca lo ha habido”. Su sustento provenía principalmente de su asignación como Príncipe y de la dote de Doña Sofía aportada por el Gobierno griego. Pero todo cambió con un gesto geopolítico: Franco, consciente de las buenas relaciones del príncipe con las monarquías del Golfo, le pidió mediar ante el rey Faisal de Arabia Saudí para asegurar el suministro energético a España.
Comisiones por barril: el origen de un imperio oculto
La mediación fue exitosa. A cambio del compromiso saudí de no dejar a España sin petróleo, Franco autorizó a Juan Carlos I a recibir una comisión por cada barril de crudo importado, un pacto que, según distintas fuentes, oscilaba entre uno y dos dólares por unidad. Fue la primera comisión —y no la última— que percibió el heredero de la Corona. El trato no fue un gesto aislado ni meramente simbólico: se convirtió en un acuerdo sostenido por los sucesivos gobiernos de Adolfo Suárez y Felipe González hasta 1996, lo que facilitó que la fortuna del monarca creciera en silencio, lejos de la fiscalización pública.
Teniendo en cuenta que un solo petrolero puede transportar entre 1,4 y 1,6 millones de barriles, y que durante más de dos décadas España importó millones de toneladas de crudo, la cantidad acumulada a lo largo de ese periodo se dispara. Hoy se calcula que la fortuna personal del emérito podría rondar los 2.000 millones de euros, una cifra nunca confirmada oficialmente pero ampliamente señalada en investigaciones periodísticas y financieras.
Exilio, escándalos y el silencio del Estado
En 2020, Juan Carlos I se vio forzado a abandonar España tras estallar diversos escándalos relacionados con sus finanzas, en especial por estructuras offshore utilizadas para ocultar comisiones procedentes de sus negocios con Arabia Saudí. La decisión de exiliarse a Abu Dabi no fue una casualidad: allí encontró refugio en un entorno familiar y político afín, lejos del creciente escrutinio público y judicial.
Aunque la justicia española archivó los procesos abiertos contra el emérito, el daño a su imagen ha sido irreparable. Su hijo, Felipe VI, renunció públicamente a la herencia y limitó la presencia institucional de su padre, marcando distancias con un legado que cada vez pesa más. Lo que comenzó como una maniobra política durante la dictadura, acabó por convertirse en un símbolo de la opacidad y el privilegio que han rodeado durante décadas a una parte de la monarquía española.