El rey emérito Juan Carlos I ha tenido una serie de comportamientos erráticos en los últimos meses que han puesto en un compromiso a la monarquía española. Ha llevado a cabo acciones inéditas que suponen una vergüenza para la historia de los borbones, hasta el punto en el que el rey Felipe VI ha tenido que intervenir en uno de ellas.
El movimiento en cuestión es la denuncia que interpuso Juan Carlos I contra Miguel Ángel Revilla por, según él, vulnerar su honor. Una acción que fue completamente unilateral. El rey emérito ni avisó ni consultó con su hijo antes de iniciar la acción judicial. Un gesto que no solo rompió los cauces institucionales, sino que también incomodó profundamente a Felipe VI. Es la primera vez que un miembro de la realeza se querella contra un ciudadano español, lo que encendió todas las alarmas en Zarzuela.
Miguel Ángel Revilla no se queda callado
Revilla, fiel a su estilo directo y popular, no se amedrentó. En plena Feria del Libro de Madrid, aseguró estar tranquilo, respaldado por la ciudadanía y convencido de que todo lo dicho sobre el emérito es su verdad personal, sin intención de mentir. En sus palabras: “Esta batalla la he ganado donde más me interesa, con la gente buena que está de acuerdo conmigo”.
Mientras tanto, Felipe VI decidió actuar con inteligencia institucional. Quiso frenar la escalada de despropósitos y parece que lo ha conseguido. Según varias fuentes, el rey pidió expresamente a intermediarios de confianza que transmitan un mensaje personal a Revilla: desvincular por completo a la monarquía de la denuncia, minimizar el conflicto y buscar una salida pactada.
Felipe VI llega a un pacto con Revilla
En ese mensaje, el rey solicita que baje el tono de sus declaraciones y que no avive más la tensión con el emérito, justificando la actitud de su padre por su delicado estado de salud y una creciente ansiedad emocional.
El acuerdo entre Felipe y Revilla no es formal ni escrito, pero existe un entendimiento. El expresidente cántabro aceptó mantener un perfil bajo, evitando nuevas intervenciones mediáticas sobre Juan Carlos I, siempre que no se reavive la querella. A cambio, la Casa Real se compromete a no presionar judicialmente desde ninguna institución ligada al entorno del emérito.