El juez ha admitido la querella de Jordi Pujol i Soley contra los dos responsables policiales que amenazaron y coaccionaron a la banca de Andorra a cambio de información sobre sus cuentas, según han adelantado fuentes judiciales a El Nacional. Esta información derivó en la confesión que hizo Pujol sobre el legado del abuelo Florenci y las posteriores investigaciones a todos sus hijos, que son los beneficiarios del legado.
En la querella se pide la declaración del excomisario Marcelino Martin Blas y del agregado de Interior en la embajada española en Andorra, Celestino Barroso, según han detallado fuentes judiciales.
Ahora hace justo un mes la Justicia andorrana abrió una investigación a raíz de la denuncia de Higini Cierco, que es accionista mayoritario de BPA junto con su hermano Ramon, sobre las presuntas coacciones y amenazas de "las fuerzas policiales españolas" para conseguir una información vinculada al caso Pujol y a la Operación Catalunya.
El letrado Jean Michelle Rascagneres explicaba en el momento de presentar la denuncia contra los policías que tenía sentido "considerando que somos víctimas" de las presuntas coacciones y amenazas, ya que a raíz de esta presión la Banca Privada de Andorra dio toda la información de que disponía de los Pujol a la policía española. Así lo afirmaron los hermanos Cierco en su declaración en los juzgados, a partir de la que se ha abierto el nuevo sumario.
Jean Michelle Rascagneres, abogado de la familia Pujol en Andorra, espera ahora que "la Justicia española le dé las mismas facilidades que le ha dado la Justicia andorrana para obtener información y que no haya ninguna dificultad para que se pueda interrogar a este comisario en Madrid". Y es que uno de los cargos policiales tendría inmunidad diplomática.
La querella se presentó hace unas semanas y se ha admitido a trámite este jueves por la mañana, según han explicado fuentes judiciales a El Nacional. Eso significa que los Pujol forman parte de la acusación y que si todo va sobre lo previsto tendrán que citar en calidad de investigados a los cargos policiales, que es lo que pide la denuncia. También significa que pone los dos gobiernos en juego: el andorrano y el español, porque se necesitará una comisión rogatoria, el trámite por el que la Justicia andorrana requerirá la documentación y la personación de dos policías españoles.
Información determinante
La información de la Banca Privada de Andorra –con quien la familia Pujol había trabajado durante años– que acabó en manos de la policía española, fue determinante para que en julio de 2014 Jordi Pujol confesara que no tenía su fortuna familiar regularizada. Según el mismo grupo Cierco, accionista mayoritario de la banca "el resultado de los datos que se facilitan es la publicación de una información en un rotativo español que obliga al expresident de la Generalitat Jordi Pujol a admitir la existencia de una herencia depositada en el extranjero". En su declaración, los hermanos Cierco también remarcan que BPA no tuvo nunca más de 5 millones de euros de la familia Pujol.
La policía española presionó a los Cierco pidiéndoles información sobre los Pujol a cambio de un supuesto trato de favor en una causa abierta sobre el presunto blanqueo de capitales de organizaciones mafiosas y terroristas. Ahora que se está encauzando el proceso, se han procesado 24 directivos y gestores del BPA por cobrar comisiones. Pero no se ha encontrado ninguna prueba para llevar al banquillo de los acusados a los hermanos Cierco, los accionistas mayoritarios.