La Audiencia de València ha atendido la petición de uno de los acusados de la operación Pànzer, Pedro Cuevas Silvestre, para que se le devolviera todo el material con simbología nazi que los agentes de la Guardia Civil le requisaron en el 2005. Cuevas es conocido porque fue condenado en 1993 por el asesinato del joven independentista y antifascista Guillem Agulló en Montanejos (Alt Millars).

Hace unas semanas, el juzgado cerró el caso de la operación Pànzer, llevada a cabo en 2005 y que acabó con la absolución de los 18 encausados del Frente Antisistema, de pertenencia a grupo armado y tenencia ilícita de armas. Las pruebas que los inculpaban eran básicamente escuchas telefónicas que fueron descartadas y buena parte del material confiscado fue destruido por "error".

Los abogados de Cuevas, para reclamar el material, han aprovechado que la legislación española no condena la posesión de simbología nazi y han utilizado este argumento para conseguir que se les devuelvan los objetos. Entre los objetos que Cuevas reclama hay decenas de brazaletes con la esvástica, cruces doradas con el emblema del Tercer Reich, libros sobre la historia de la Gestapo y el Mein Kampf. También hay adhesivos con la imagen de Hitler, pins con inscripciones nazis y figuras con forma de águila cogiendo una esvástica. Así como banderas, películas y cuadros con simbología nazi.

Cuevas también quiere que se le devuelvan varias armas, un mazo y cartuchos. Durante la operación Pànzer la Guardia Civil requisó muchas armas de fuego, entre ellas un lanzagranadas. Este arsenal, sin embargo, fue destruido antes del juicio por error, según la policía. El dirigente de Esquerra Unida del País Valencià, Ricardo Sixto, después de conocer la devolución, ha afirmado que el material tendría que ser destruido y no devuelto. "Es como si a un pederasta le devolvieran sus vídeos después de reclamarlos", ha añadido.

Por el asesinato de Guillem Agulló, Cuevas sólo cumplió cuatro de los diecisiete años de prisión a los cuales fue condenado en aquel momento. La defensa presentó una alegación ya que consideraba los hechos un asesinato político, debido a la vinculación del individuo con el grupo de extrema-derecha 'Komando Marchalenes IV Reich'. El juez de la Audiencia de Castelló la desestimó.