La Fiscalía General del Estado no ve delito en las conversaciones que mantuvo el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con el ex director de la Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso, y en la que hablaban de actuaciones contra dirigentes de partidos independentistas. Y por este motivo no piensa abrir ninguna investigación. Lo acaba de anunciar en un comunicado donde afirma que "del contenido de las conversaciones no se desprenden indicios suficientes para iniciar una investigación penal por preconstitución falsa de pruebas, por prevaricación administrativa ni por los restantes tipos penales".

El ministerio público ha recibido varias denuncias de ERC por presuntos delitos de prevaricación, revelación de secretos y malversación de fondos públicos, entre otros tipos penales, que a su entender habría cometido Fernández Díaz.

ERC presentó una querella el 23 de junio, el día de la verbena, 48 horas después de que se hiciera público el escándalo. La querella de los republicanos se presentó en la Fiscalía Superior de Catalunya y, después el mismo ministerio público la derivó a Madrid, porque es dónde han pasado los hechos y porque el ministro es aforado. Las grabaciones se hicieron en varias reuniones entre el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz y Daniel de Alfonso, en el despacho del ministro, en Madrid. 

Además la Fiscalía General del Estado ha decidido que tampoco empezará ningún tipo de investigación respecto al exdirector de la Oficina Antifrau de Catalunya, porque como no es aforado no tiene competencias sobre ello. Las denuncias que afectan a De Alfonso se han reenviado a la Fiscalía de Madrid. Las denuncias sobre el director son por revelación de secretos y por malversación de fondos públicos. Por este último delito, la Fiscalía General del Estado ha reenviado a la Fiscalía de Barcelona la denuncia porque es competencia suya, puesto que se trata de un cargo designado por el Parlament. 


Sin mover ficha


La Fiscalía General del Estado no ha movido ficha desde que surgió el escándalo hasta ahora y ha sido para decir que no investigará, y porque se ha visto obligada a pronunciarse al llegarle las denuncias. El día siguiente de conocer los hechos, fuentes del ministerio público decían a El Nacional que "de momento, nada", que no había nada previsto, pero que no se descartaba que a lo largo de las próximas horas actuara de oficio. Pero al final no abrió ninguna investigación de oficio.

Todo dependía de si tenía sospechas de que las grabaciones eran ilegales o se habían hecho con recursos policiales con finalidades partidistas. Ante estos dos supuestos habría podido abrir una investigación. Pero no lo hizo y ni siquiera cuando la Fiscalía empezó a salir salpicada en las mismas grabaciones. 

Jorge Fernández Diaz y Daniel de Alfonso implicaron a la Fiscalía de Catalunya y al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, en las maniobras para desacreditar el movimiento soberanista pocos días antes de la consulta participativa del 9-N y, en especial, al entonces consejero de Presidència de la Generalitat, Francesc Homs. También hablaban de los fiscales anticorrupción catalanes lamentando de que no colaboraban de forma suficiente con la estrategia contra los dirigentes independentistas. Del único de quien no se quejaban es de Fernando Bermejo, el fiscal anticorrupción que lleva el caso contra la familia Pujol.