La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha reprochado al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que se haya ofrecido a acoger a 4.500 refugiados de forma unilateral en Catalunya, sin consensuarlo con nadie y sin atender al consenso alcanzado sobre el asunto por todos los partidos en el Congreso de los diputados. Santamaría ha asegurado que es un asunto "difícil" y ha criticado que el representante de una comunidad autónoma decida por si mismo.
Así reaccionaba la vicepresidenta en la carta de Carles Puigdemont dirigida al comisario europeo de Inmigración, Dimitris Avramopoulos, para informarlo de qué el Govern y las instituciones catalanas están trabajando para acomodar en torno a 4.500 refugiados, y ya está preparado para recibir 1.800, de los cuales 600 serán acogidos directamente por la Generalitat. En la misma carta, Puigdemont expresa la profunda consternación por la crisis humanitaria que se vive en el área mediterránea y explica que el Govern está coordinando un plan de acción con los gobiernos locales y la sociedad civil, para facilitar la integración de los refugiados.
Santamaría ha recordado al president catalán, que Mariano Rajoy ha acudido al Consejo Europeo con una posición consensuada entre todos los partidos en la comisión mixta para la Unión Europea. "Quizás Puigdemont también tiene que pasar por la comisión mixta para la Unión Europea del Congreso para que le digan cuál es la posición de España en este asunto", ha recalcado a la vicepresidenta.
Exteriores, en el TC
En la misiva, el president catalán también afirma que el "ministro de Exteriores catalán", Raül Romeva, es el responsable de la Generalitat en este ámbito. Fuentes del Gobierno de Mariano Rajoy han asegurado que analizarán este punto para determinar si vulnera la decisión del Tribunal Constitucional suspender la competencia de la conselleria d'Afers Exteriors de la Generalitat, atendiendo a un conflicto de competencias planteado por el Ejecutivo.
El Consejo de Ministros del pasado 5 de febrero aprobó la interposición de este conflicto de competencia al entender que la política internacional es competencia exclusiva del Estado, por lo cual ningún órgano autonómico puede arrogarse en su opinión el ejercicio de la misma.