El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena notificará este lunes a ocho consellers y a los líderes de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, su decisión sobre si los mantiene en prisión o acuerda ponerlos en libertad, como así han solicitado todos los investigados contra el criterio de la fiscalía.

Pero el magistrado podría dejar entre rejas al menos cuatro de los acusados. Serían el vicepresident Oriol Junqueras, el conseller Raül Romeva y los presidentes de la ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Los consellers y los líderes de las organizaciones comparecieron el viernes pasado ante el magistrado del alto tribunal, a petición propia, para ratificar sus escritos, en los que pedían su puesta en libertad provisional. Oriol Junqueras, los consellers Raül Romera, Carles Mundó, Dolores Bassa, Joaquin Forn, Meritxell Borrás, Josep Rull, Jordi Turull y los líderes independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart acataron de diferentes maneras y con matices el artículo 155 de la Constitución.

Y en el detalle de sus declaraciones está la clave para salir o no en libertad, y que salgan todos o solo unos cuantos. Junqueras y Romeva no respondieron a las preguntas del fiscal. Fueron los únicos y se mostraron firmes en su primera declaración. De hecho, el formato de vista del viernes no permitía entrar en los hechos investigados —solo valoraba la petición de los acusados— y Junqueras y Romeva acataron simbólicamente el 155, aclarando que lo habían hecho por imperativo legal. Y siguieron sin responder al Ministerio Público, como ya hicieron el 2 de noviembre, a pesar de los mensajes que desde hace un mes ha tirado la fiscalía para que se pueda valorar una posible salida de prisión.

Aunque la fiscalía ve como máximos responsables a Junqueras, Romeva, Forn, Rull y Turull, las diferentes estrategias de la defensa dejan la puerta abierta a los consellers del PDeCAT a salir en libertad, y en cambio complican la situación a los de ERC, sobre todo a Junqueras y Romeva, que el viernes se negaron de nuevo a responder a la fiscalía.

Todos menos Junqueras forman parte del grupo de los consellers que participaron en un plan preconcebido, según la Fiscalía. Y eso allana el camino para salir de la prisión a todos menos al vicepresident.

Por la fiscalía, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart tienen un peso relevante para sacar adelante los planes del Govern y por eso, en su alegato posterior a las declaraciones del viernes, diferenció a los acusados en dos grupos. Y los Jordis forman parte del de más riesgo, según el Ministerio Público.

Meritxell Borràs es quien lo tiene mejor de cara a la salida. Su defensa, respondiendo a todas las partes y con una larga exposición durante la comparecencia —en que abordó en algunos casos los hechos— y mencionando a otros acusados y nuevos actores en la causa, además del hecho de no presentarse en ninguna lista electoral, propicia una posible salida de prisión este mismo lunes.

A menos de 12 horas por el inicio de la campaña electoral se podría dar la circumstància que las maquinarias de los partidos estuvieran haciendo los trámites para pagar las fianzas de unos y sacar adelante el plan B, sin sus miembros de las listas activos durante la carrera electoral para el 21-D.

Se trata de una incertidumbre que se resolverá alrededor de las 10 h de este lunes, cuando el magistrado Pablo Llarena comunique su decisión a los procuradores. Este lunes no está previsto que pisen el Supremo ni los abogados, ni los consellers ni los Jordis, que esperarán noticias en sus respectivas celdas de Estremera, Soto del Real y Alcalá Meco.

Posibilidades

Entre las posibilidades que hay para salir de prisión en caso de que se levante la medida cautelar, está la opción de que no salgan todos, y para los que tienen esta posibilidad, solo se pueda llevar a cabo con el pago de una fianza, cuya la cantidad tampoco está nada clara ni tiene porque ser similar a la que pagó Carme Forcadell (150.000 euros) y los miembros de la Mesa (25.000 euros).

Y una vez salgan, los que puedan, el magistrado podría dictar medidas cautelares como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y las comparecencias ante el juzgado.

Los consellers y los líderes de ANC y Òmnium confían en su puesta en libertad, dado que el viernes pasado se acogieron a la "vía Forcadell" con el argumento que acatan el 155 de la Constitución.

La Fiscalía y la acusación popular, que ejerce VOX, solicitaron al magistrado que mantenga la prisión preventiva como media cautelar para todos ellos.

El ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal y el fiscal de sala Jaime Moreno, encargados de la causa, entienden que no se dan las circunstancias para salir de prisión "ante la gravedad de los hechos investigados" y porque consideran que en estos momentos persisten los riesgos de fuga, destrucción de pruebas y reiteración delictiva.

La fiscalía señala que "el riesgo de fuga tiene que calibrarse teniendo en cuenta la gravedad y extensión de las penas que pudieran ser impuestas" y la actual situación del president Carles Puigdemont y los consellers, que, "siguiendo un plan preconcebido, se encuentran en Bruselas, prófugos de la Justicia."

Tampoco ven cambios delante una posible destrucción de pruebas, y el fiscal pone como ejemplo "ilustrativo" la intervención de la Policía el octubre pasado cuando impidieron que los Mossos d'Esquadra destruyeran documentos en una incineradora de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès).

En cuanto a la reiteración delictiva, la fiscalía subraya que "la fórmula de acatamiento del 155 no ha implicado el reconocimiento de ningún cambio" y añade que "en las expresiones referidas a la Constitución como amplia y flexible no se ha podido inferir un indicio de sumisión a la legalidad vigente".

Junqueras y los siete consellers están en prisión desde el 2 de noviembre por supuestos delitos de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos en relación con el proceso independentista en Catalunya, mientras que Sánchez i Cuixart hace más tiempo que están en prisión, desde el pasado 16 de octubre.

El magistrado del Supremo instruye el sumario abierto pel "proceso" hacia la declaración de independencia, después de asumir el pasado 24 de noviembre la investigación abierta a la Audiencia Nacional contra Carles Puigdemont, los trece consellers del Govern y los líderes de ANC y Òmnium.

La jueza de la Audiencia Carmen Lamela le envió esta parte del sumario abierto a su juzgado. Llarena la asumió y la integró en el que también investiga a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a otros miembros de la Mesa, por hechos conexos.