El Gobierno rechaza un debate en Bélgica entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont sobre la situación política catalana, como proponía el segundo a las puertas de la campaña para los comicios del 21-D, según respondía el portavoz Íñigo Méndez de Vigo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. De Vigo recordaba la oferta del dirigente del Partido Popular catalán, Xavier García Albiol, para participar de este cara a cara y fuentes de la Moncloa añadían entre pasillos que Rajoy no se habría pronunciado al respecto, pero que no se presentaba a los comicios, y por tanto, no lo haría.

La cuestión es que el ejecutivo prefiere tomar distancia de Puigdemont y los juicios a los dirigentes independentistas y huye de valorar qué pasaría si una vez el Tribunal Supremo agrupe la causa, los consellers encarcelados cautelarmente quedan en libertad para hacer campaña. "El Gobierno pide a los ciudadanos que piensen a la hora de votar", decía sobre el no reconocimiento internacional a la declaración de independencia o el traslado de la sede fiscal de 2.700 empresas. "Los que decían que sería la arcadia feliz, se han dado un golpe contra la realidad", se jactaba De Vigo.

Así las cosas, el ejecutivo evita opiniones sobre qué sucedería si con los comicios catalanes se generara un escenario de ingobernabilidad, como fuentes del PPC vaticinaban este jueves en un encuentro en Madrid. "No lo hemos valorado", reconocían fuentes de la Moncloa sobre que ninguna candidatura tuviera apoyos para investir president/a de la Generalitat. La posibilidad está en el aire después de que el secretario general Pedro Sánchez afirmara que no daría el voto a Inés Arrimadas. "Tiene que rendir cuentas él y explicárselo a sus hipotéticos votantes. No nos gustan los vetos", reconocía el portavoz.

Lo que sí valoró el ejecutivo de Rajoy es el candidato a nuevo fiscal general Julián Sánchez Melgar, de quien el ministro Rafael Catalá avala "capacidades personales y profesionales más que acreditadas" para dicha institución. Ahora bien, Catalá huía de la polémica del PSOE sobre "el oscurantismo" en su nombramiento: se volvía que seguramente sería de su agrado y el de Ciudadanos cuando este compareciese en el Congreso para exponer su proyecto. Sin embargo, el ministro dejaba en suspense qué línea mantendría con el independentismo. "No son obras de una persona, es un trabajo colectivo con su equipo", se justificaba.

En última instancia, Catalá ha cargado sobre los presuntos acosos que habrían denunciado una serie de fiscales y servidores públicos del Estado destinados en Catalunya. El responsable de Justicia ha utilizado el término movilizaciones "tumultuarias" –palabra contemplada al delito de sedición por el cual se acusa a los dirigentes de Òmnium y ANC, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart– para denunciar que "lamentablemente" eso vendría pasando en la puerta de los juzgados catalanes. A su parecer, ello sería ejemplo de las "presiones de muy diversa índole" que fiscales como la jefa de Barcelona Ana Magaldi habrían denunciado los últimos días.