La CUP ha presentado este viernes en los juzgados una denuncia por los delitos contra la inviolabilidad domiciliaria y coacciones graves después del "cerco policial" de la policía española en su sede durante seis horas el pasado 20 de septiembre.
En el texto, la formación anticapitalista explica que los agentes intentaron acceder a la sede sin ninguna orden judicial, que tampoco mostraron en toda la tarde, y que requisaron propaganda relativa al referéndum mientras algunos de sus militantes la cargaban a un vehículo sin entregar ningún acta ni tener autorización del juez. Además, recoge que justo antes de abandonar la calle Casp, donde está la sede cupaire, los agentes dispararon tres veces con una escopeta de pelotas de goma, un arma que está prohibida por el Parlament de Catalunya desde el 2014.
Ante la presencia policial en la sede de la CUP, centenares de militantes y personas próximas a la CUP se acercaron hasta la sede y los agentes quedaron desplazados hacia el lateral de la calle esperando la llegada de los antidisturbios y de los Mossos d'Esquadra, estos últimos en tareas de tráfico y seguridad ciudadana, según explica la denuncia.
"Ataque a la libertad política"
Para la CUP, la actuación policial comprometió "el sistema de derechos civiles vigente" y considera que fue un "ataque a la libertad política" y a su militancia por la duración en el tiempo de la presencia policial "sin ningún tipo de explicación ni de justificación". Sobre la incautación de material la formación independentista cree que es "claramente vulneradora de derechos fundamentales" y un "acto de censura que no tiene ningún amparo legal ni judicial".
Por otra parte, también carga contra los agentes por el hecho de que también se negaran a facilitar información de aquel dispositivo a los miembros de la Comisión de Defensa del ICAB, al presidente del Institut Català de Drets Humans, a los diputados de la misma CUP y al teniente de alcalde de derechos humanos del Ayuntamiento de Barcelona.