Govern, Parlament y Ayuntamiento de Barcelona intentan —de nuevo— desbloquear la situación de enrocamiento con el ejecutivo de Mariano Rajoy. El president Carles Puigdemont, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y también el vicepresident Oriol Junqueras y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, han enviado una carta al presidente español y al Rey para volver a expresar su voluntad a dialogar para encontrar una salida al conflicto entre Catalunya y España y denunciar la represión del Estado. Una carta que el Financial Times ha publicado esta mañana.

En el escrito, donde se lamentan de las respuestas siempre negativas de los de Rajoy, así como de la "reacción regresiva intolerable" de la democracia española, reclaman "abordar de qué manera se puede llegar a un acuerdo para que los catalanes puedan votar en un referéndum" con un diálogo abierto y sin condiciones para que así se pueda oír la voz de la ciudadanía.

Ahora bien, la carta también denuncia "una ofensiva de represión sin precedentes" del Estado, que empezó cuando el Tribunal Constitucional tumbó el Estatuto y continuó con las diversas negativas del ejecutivo central a aceptar un pacto fiscal por Catalunya.

A partir de aquí, como se puede leer a continuación en la carta, empiezan a repasar los diferentes acontecimientos que han ido teniendo lugar a lo largo de estos años y expresan su voluntad de pactar el referéndum con el gobierno español, mientras este iba negando por activa y por pasiva cualquier opción a celebrarlo.

Lejos del diálogo

Lamentándose que "lejos de dialogar", el gobierno español "ha empezado una ofensiva de represión sin precedentes en qué contempla la limitación al derecho fundamental a la libertad de expresión, Puigdemont, Junqueras, Forcadell y Colau subrayan que la gravedad de amenazar con la detención de hasta el 75% de los alcaldes catalanes, así como ir suspendiendo actos y presentando varias querellas penales contra todo el Govern y parte de la Mesa del Parlament o clausurando la web del 1-O.

En este punto, recuerdan que, a pesar del Código Penal español "confirma que convocar un referéndum, aunque sea sin acuerdo, nunca es un delito". Aparte de eso, también ponen de relieve que el apoyo de los catalanes al derecho a decidir en forma de manifestaciones —que han sido alabadas por la prensa internacional como ejemplo de civismo— y resultados electorales.

Por todo ello, hacen un nuevo llamamiento al diálogo en el gobierno español para, así, "abordar de qué manera podemos ponernos de acuerdo porque los catalanes celebramos un referéndum". Eso sí, reclaman un "diálogo abierto y sin condiciones, un diálogo político desde la legitimidad que cada uno representa, para hacer posible aquello que en democracia nunca es un problema y todavía menos un delito: escuchar la voz de la ciudadanía".

"Nuestra disposición al diálogo es y será permanente", sentencia el escrito.

Barcelona votará

La carta llega horas después de que el Gobierno y el Ayuntamiento hayan llegado a un acuerdo sobre el referéndum del 1 de octubre, a fin de que se pueda votar en la capital catalana. La alcaldesa de Barcelona anunció ayer que se ha encontrado una fórmula según la cual el 1-O se podrá votar en Barcelona "sin poner en riesgo" ni la institución del Ayuntamiento ni los "servidores públicos".

Mientras tanto Puigdemont se felicitó por el pacto e insistió en que "es un buen acuerdo". "El compromiso de la alcaldesa ha sido inequívoco", apuntó.

El acuerdo se hizo aunque el secretario del Ayuntamiento, que es un funcionario estatal, había apuntado en un informe que el gobierno de Colau tiene que acatar la providencia del Tribunal Constitucional y no tiene que colaborar en el referéndum del 1-O cediendo colegios electorales porque, de otra manera, puede tener consecuencias "penales".