La justicia dirá en qué queda la enésima operación policial contra la presunta financiación ilegal de la desaparecida Convergència Democràtica de Catalunya desarrollada en las últimas horas y que, como todas las que se han llevado a cabo en los últimos años, tiene como finalidad demostrar si ha habido cobro de comisiones -el famoso 3%- a partir de la concesión a empresas amigas de obra pública desde diferentes administraciones. De hecho, lo más razonable -y lo exigible- sería que ya lo hubiera dicho. Tiempo ha tenido para ello pero hasta la fecha solo hemos visto actuaciones policiales o de la fiscalía y, así, casos que se arrastran desde hace varios años parecen recuperar solo una presencia mediática en momentos políticos importantes.

El asunto que nos ocupa, la denominada policialmente Operación Pika -el mote tendría que ver con el picar de aquí y de allá- tiene su origen en una investigación que lleva a cabo el juzgado de El Vendrell desde 2015. De hecho, muchos de los detenidos este jueves ya lo habían sido en octubre de 2015, después de las últimas elecciones catalanas celebradas unos días antes, el 27 de septiembre. La hemeroteca recuerda dos cosas de aquellas detenciones: que el diario La Razón las había anunciado en las fechas previas a los comicios con gran relieve tipográfico y que, cuando se produjeron, Junts pel Sí estaba negociando con la CUP una resolución que acabaría siendo muy polémica sobre el inicio del proceso de desconexión y que sería impugnada por el TC. Poco o nada hemos sabido desde entonces de lo que se conoció como la tercera fase de la Operación Petrum. Hasta este jueves, en que 250 agentes de la Guardia Civil se desplegaron por el territorio buscando pruebas y practicando hasta 18 detenciones.

Y como que, al final, el mensaje es la noticia, éste quedó fijado desde el primer momento: los principales detenidos eran amigos de Artur Mas. Vinculados, supuestamente, a la trama del cobro ilegal del 3%, pero lo reseñable era que eran amigos del expresident. Sobre todo uno de ellos, Sixte Cambra, el presidente del Port de Barcelona, detenido por la Fiscalía, según una nota que el ministerio público distribuyó. Durante más de doce horas ése fue el titular de todos los informativos y la noticia de su puesta en libertad, sin pasar ni siquiera por el juzgado de El Vendrell, llegó en los últimos minutos del Telenotícies vespre.

Por cierto, en la víspera, el Gobierno español anunció una serie de medidas coercitivas para impedir que se lleve a cabo el referéndum -cierre de colegios y previsible toma de control de los Mossos d'Esquadra y de las competencias en educación- y el lunes está señalado el juicio a Artur Mas por la consulta del 9N; fecha para la que también se ha convocado una manifestación de denuncia del proceso judicial y en la que participará el Govern en pleno, con el president y el vicepresident a la cabeza, y que ha despertado un gran interés de medios internacionales.

¿Casualidad? Hombre, cuesta de creer.