En las próximas horas, un millar de cargos institucionales, la gran mayoría serán los 948 alcaldes de Catalunya, recibirán una seria advertencia del Gobierno español para que no colaboren con el referéndum convocado por el president Carles Puigdemont para el próximo 1 de octubre. La Fiscalía General del Estado ha decidido instar sendas querellas criminales contra la totalidad de miembros del Govern por firmar el decreto de convocatoria del referéndum y otra también criminal contra los cinco miembros de la Mesa del Parlament —la presidenta, un vicepresidente y tres secretarios y secretarias— que permitieron la votación de la ley del Referéndum el pasado miércoles. El Tribunal Constitucional suspende en menos de 24 horas la convocatoria y la ley del Referéndum y en las próximas horas hará lo propio con la ley de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República. Un coche de la Guardia Civil permanece en Constantí, desde hace 36 horas, delante de una imprenta, para averiguar a instancias de la Fiscalía si allí se están fabricando las papeletas y está registrando los coches de todos los trabajadores cuando la abandonan. Y podríamos seguir.

Esa ha sido la respuesta del Estado español sin otear el tsunami que se ha puesto en marcha en Catalunya. Es posible que el conjunto del Ejecutivo catalán quede fuera de sus responsabilidades en los próximos meses por decisión de los tribunales ordinarios si el Tribunal Constitucional no se pliega y acaba suspendiéndoles antes, pero realmente esto es poco importante para el devenir del proceso de independencia de Catalunya. El president Puigdemont ha anunciado que alrededor de 500 alcaldes ya se han puesto por escrito a su disposición, le han comunicado que cederán los colegios para la votación del 1 de octubre y han hecho suyo no solo el proyecto independentista sino el desacato al Estado. ¿Realmente se van a presentar querellas criminales contra la mayoría de los alcaldes catalanes y se forzará su inhabilitación? ¿Como van a impedir la votación? Por cierto: ¿es consciente la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que su gran objetivo de llegar algún día a ocupar el puesto de Pablo Iglesias no será posible si acaba alineándose con PP y Ciudadanos y su alcaldía no pasará de 2019?

¿Alguien se ha parado a pensar que detrás del actual Govern vendrá otro obligado a defender lo mismo y que las cosas ya no suceden como antes y que la situación actual ni se resolverá en un despacho, ni la acordarán cuatro señores que además no se dedican a la política? La reiteración de un discurso inmovilista no lo transforma en un discurso aperturista. De la misma manera que repetir que en Catalunya se está produciendo un golpe de Estado es una frase de consumo interno para contentar a los militantes y a los muy convencidos. ¿Realmente se creen lo que dicen? ¿Con quién hablan? Con corresponsales extranjeros o con embajadas seguro que no. 

Y respecto al debate de estos dos últimos días en el Parlament, basta de mentiras. La alteración de la mecánica parlamentaria ordinaria no es ni mucho menos casual. Lo que no es defendible por mucho énfasis que se ponga en ello es que quien niega el debate quiera erigirse en defensor de las libertades; que quien practica el filibusterismo parlamentario y provoca un altercado de primer orden se acabe quejando de que el pleno es todo menos un Parlamento normal; que quien no ha querido participar en comisiones alegue que antes no ha habido debate. ¿Ha tenido otra el independentismo sino quería renunciar a la celebración del referéndum? ¿Alguien de aquí o de allá se ha querido sentar en una mesa a acordar el referéndum más allá de la mayoría de independentistas y algunos posicionamientos públicos de Podemos?

La realidad es que nadie. Todo ha quedado en manos de la justicia y la justicia no sirve para todo. ¿O alguien piensa que sí?