El próximo miércoles día 6. Ese es el día marcado en rojo en la agenda del president Puigdemont, de la presidenta del Parlament Carme Forcadell, del vicepresident Junqueras, de los miembros del Govern, de los responsables del Grup Parlamentari de Junts pel Sí y de la CUP-Crida Constituent para aprobar en la Cámara catalana las leyes del Referéndum y de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República. Y culminar la jornada con la firma del decreto de convocatoria del referéndum del 1 de octubre por parte del president de la Generalitat y quien sabe si del resto de miembros del Consell Executiu. E incluso de los diputados que horas antes lo hayan votado en el Parlament.

Las cartas de la mayoría independentista empiezan a estar boca arriba cuando falta poco más de un mes para la consulta a los catalanes y las noticias que llegan desde Madrid no hacen sino insistir en que el recurso del gobierno de Mariano Rajoy a los acuerdos del Parlament de Catalunya y del Govern catalán será hacer uso de la ley de Seguridad Nacional aprobada en 2015 por PP y PSOE y que otorga facultades excepcionales en la defensa de España y de sus valores constitucionales. De ser cierta, como se dice, que esta es la vía para tratar de impedir el referéndum habrá que ver si se lleva hasta el final y se designa incluso una autoridad funcional que coordine áreas estratégicas de gestión de la Generalitat y comande los Mossos d'Esquadra.

Se están desarrollando estos días las últimas maniobras en la confrontación política de gran magnitud que se avecina. El Govern del president Puigdemont hace meses que tiene asumido el paso que va a dar y la irreversibilidad de la situación ante la negativa del gobierno Rajoy a sentarse a negociar un referéndum acordado. Habrá que recordar repetidamente aunque no se quiera oír que esta era la opción preferida y no la de un referéndum sin acuerdo. Todo está preparado por parte del Govern para sacar adelante el referéndum en unas condiciones normales: las urnas están compradas, los trabajos para enviar la tarjeta censal encarrilados, la web del referéndum a punto, los colegios electorales prefijados...  

Pero todo va a ser diferente. Entre otras cosas porque la beligerancia del Estado no va a quedar en el terreno teórico, según se nos ha anunciado reiteradamente en declaraciones oficiales pero también en noticias que se han ido filtrando en las últimas horas. También porque el espacio de los comunes sigue siendo lo suficientemente ambiguo para que la mayoría independentista pueda contar con él. La cena entre Pablo Iglesias y Oriol Junqueras del pasado domingo y que tuvo a Jaume Roures de anfitrión no tranquilizó lo más mínimo al líder republicano que se encontró a un líder de Podemos distante de la petición de apoyo por parte de Junqueras y receloso de que la sociedad catalana estuviera dispuesta a aguantar lo que supone un envite al Estado español.

Desde Dinamarca, Puigdemont ha insistido este miércoles que se ha llegado a esta situación por la cerrazón del Gobierno español a cualquier tipo de diálogo sobre la demanda catalana. El hecho de llevar este discurso a los países nórdicos engarza perfectamente con la demanda de los grupos de apoyo en varios parlamentos europeos que le habían aconsejado mantener una vía de oferta al Ejecutivo español aunque no tuviera el más mínimo recorrido posible. El Govern hace muchos meses que apuesta decididamente por la comprensión y complicidad de una parte de la opinión pública internacional, mantener un apoyo amplio en Catalunya a favor del referéndum y finalmente por ganar el 1-O con una participación muy importante, que, obviamente, dependerá de los obstáculos y condicionará cualquier valoración final que se haga. Y que acabe convirtiendo en papel mojado todas las amenazas, advertencias y actuaciones de la Moncloa.