Los propietarios de Marina Isla de Valdecañas, un complejo residencial ubicado en Extremadura, han recibido muy malas noticias. Durante los últimos años se ha mantenido una batalla legal entre ecologistas y constructores y finalmente, este miércoles, el Tribunal Supremo, ha fallado a favor de los primeros. Los ecologistas solicitan el derribo del complejo al tratarse de un espacio incluido en la Red Natura 2000 y declarado Zona de Especial Protección de AVES (ZEPA). Entre todos los damnificados encontramos un nombre que nos resulta muy familiar. Se trata de José María Aznar Botella, hijo del ex presidente José María Aznar. Entre otros también encontramos a Beltrán Gómez-Acebo o Carlos Baute.
Así es la isla de los millonarios
El hijo del ex presidente del gobierno compró varias propiedades cuando el complejo se encontraba en construcción. Se encuentra ubicado entre los municipios de El Gordo y Berrocalejo y data del 2005. Este complejo está formado por 180 villas de lujo con un coste de 550.000 euros cada una. Cuentan con acceso al puerto deportivo, carril bici, sendas peatonales, iglesia, bares, tiendas y supermercados. También incluye campo de golf, club social, instalaciones deportivas y un pantano navegable. Además de una playa artificial con chiringuito, piscinas y un hotel de cuatro estrellas con 80 habitaciones dobles.
José María Aznar acudía junto a su mujer, Mónica Abascal, y sus tres hijos varias veces al año. Aprovechaban para desconectar. Un lugar donde se respira paz e intimidad, rodeados de naturaleza en una vivienda ubicada en un terreno de 800 metros cuadrados.
Todas las casas del complejo siguen el mismo patrón. Una sola planta, cinco habitaciones y cuatro cuartos de baño, además de un porche con magníficas vistas al embalse.
Ya en 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ordenó derribar la parte inacabada del complejo para respetar la parte que ya estaba vendida y habitada. Representantes de seis colectivos conservacionistas (Ecologistas en Acción, Adenex, Greenpeace, WWF, SEO/Birdlife y Amigos de la Tierra) recurrieron al Supremo y este miércoles les han dado la razón. Derribar la famosa “isla de los millonarios” costará unos 34 millones de euros y habría que sumar unos 215 millones de euros en indemnizaciones.