La Guardia Civil ha difundido hoy que había imputado a un alto cargo de la Generalitat por el 1-O. Si eso fuese así, sería la primera persona investigada por el referéndum en la instrucción del caso del juez de Instrucción número 13 de Barcelona.

El interrogatorio del secretario general de la Presidència, Joaquim Nin, ha sido como testigo y una escenificación más del peso que quiere dejar caer el Estado sobre el Govern de la Generalitat que va haciendo camino hacia el proceso soberanista.

La Guardia Civil dice que ha imputado a Nin, pero lo cierto es que la policía no tiene competencias para imputar, sino que eso es trabajo de un juez. A pesar de que sí que actúa de policía judicial y que puede encontrar indicios para que se investigue a alguien, lo máximo que puede hacer es un informe posicionándose para que se acuse, pero en ningún caso puede formalizar la imputación.

El juez que lleva el caso no ha pedido ni siquiera ninguna declaración. La Guardia Civil está actuando de oficio. La única decisión que ha tomado hasta ahora el magistrado es asignar este caso a este cuerpo. También hubiera podido escoger a los Mossos. Pero escogió la benemérita, que está actuando de oficio y que cuando acabe todos los interrogatorios le tendrá que entregar el informe. Será a partir de aquí que el juez decidirá si imputa a alguien y a quién.

Actuación de oficio

La Guardia Civil, haciendo las funciones de policía judicial, está interrogando tanto a los cargos como funcionarios de la Generalitat que trabajen próximos a los preparativos del referéndum y tengan conocimiento de las gestiones que está haciendo el Govern para sacar adelante el referéndum del 1-O.

A todos los cargos los cita como testigos. Ahora hace un mes fueron a declarar a Travessera de Gràcia funcionarios del Departament de Difusió y de la Conselleria d'Exteriors, así como trabajadores de la agencia de publicidad a la cual la Generalitat encargó la campaña institucional sobre el registro de catalanes en el extranjero. La Guardia Civil también ha citado a un cargo político del Departament de la Presidència, un trabajador con categoría de personal laboral y tres personas de empresas externas.

El juez no había ordenado ninguno de estos interrogatorios, como también ha pasado hoy. Forman parte de la instrucción que está haciendo la Guardia Civil que se acoge al secreto de sumario para no dar explicaciones. Una vez acabadas las declaraciones, que todo hace prever que no han acabado todavía y que en los próximos días se citará a más personas vinculadas al Govern y a los preparativos del referéndum, se transmitirá un informe al juez.

Este informe tiene que incluir los atestados de los interrogatorios y los indicios de culpabilidad que puedan encontrar en las explicaciones de todos los que han declarado como testigos. Será entonces cuando el juez decida si cita a declarar en sede judicial a algunos de los testigos y si hay bastantes indicios como para imputarlos y empezar el proceso para llevarlos a juicio.