Por primera vez, el mayor de los Mossos d'Esquadra está siendo investigado. Y lo está por un delito de sedición que le imputa la Audiencia Nacional. En cualquier otro caso de falta grave de un agente de los Mossos, las medidas cautelares que se le aplican repercuten directamente y, según el reglamento de régimen disciplinario de los Mossos, comportaría la retirada de la placa y el arma y la retirada del servicio.

Pero los motivos de la imputación de Josep Lluís Trapero, el trasfondo político de todo el caso y la situación entre el Govern de la Generalitat de Catalunya y el español hacen impensable que Interior lo aparte de su cargo y lo suspenda del servicio. La Fiscalía quiere hacer esta carambola para apartar a Trapero del cuerpo y persigue que, cuando llegue la notificación de las medidas cautelares al Departamento d'Interior, el conseller suspenda al mayor o, al menos, lo ponga en la disyuntiva de hacerlo.

El articulo 19 del reglamento habla de "la suspensión provisional sin arma ni credencial o el traslado o adscripción a un puesto de trabajo interno, sin uniforme y sin arma ni credencial, del policía expedientado".

Pero Joaquim Forn lo tiene muy claro. Fuentes del Departament d'Interior afirman a El Nacional que eso no pasará "en absoluto". Que a nadie "se le ha pasado por la cabeza destituirlo" y que "Trapero seguirá siendo el mayor" del cuerpo de los Mossos d'Esquadra.

La jueza y el fiscal

La connivencia entre la jueza y el fiscal en esta causa no ha acabado de cuadrar. Carmen Lamena rechazó las indicaciones del fiscal el 6 de octubre, durante la primera declaración de los investigados, que pidió anular las comparecencias porque acaba de entrar un nuevo informe de la Guardia Civil. La jueza no hizo ningún caso al teniente fiscal Miguel Ángel Carballo e hizo declarar a todos los investigados. Carballo decidió entonces no pedir medidas cautelares para nadie, aunque ya se cernía la sombra de la prisión provisional sin fianza. De hecho, se filtró incluso en algunos medios. Lamela quería prisión preventiva para Trapero, pero al no pedirlo la Fiscalía no la pudo dictar.

El 12 de octubre se filtró en la recepción de la Casa Real que había dos órdenes de prisión a punto y una que bailaba. Y el día 16, después de las declaraciones, de nuevo, de los imputados, la jueza devolvió la pelota a la fiscalía negando la prisión para Trapero, fijando la investigación exclusivamente en los días 20 y 21, contrariamente a lo que pretendía el Ministerio Público, que quería ampliarla al 1 de octubre, y dejando en libertad al mayor de los Mossos.

La Fiscalía quiere ahora acabar el trabajo que ha empezado y mostrarse implacable con el mayor. Por eso quiere forzar, a través del propio reglamento de los Mossos, que sea el Departament d'Interior el que se vea obligado a apartarlo. Mientras tanto, sigue buscando pruebas para ampliar la investigación de los hechos al día 1 de octubre y tener más motivos para volver a pedir la prisión para el mayor.