Primero fue Catalunya y, ahora, Madrid. ¿Quién será el próximo? Pregunten a Montoro. Él es quien dicta criterios, quien señala y quien ejecuta. Hoy lo hace con las administraciones pero antes lo hizo con artistas, escritores, deportistas, periodistas, políticos, actores y medios.

Ante una crítica, una amenaza; ante un comentario, una acusación pública; ante una enmienda, un expediente y ante un adversario, un 155, que diga lo que diga la Constitución española, el cacareado artículo ya vale lo mismo para un roto que para un descosido, que en este caso sería para el independentismo que para el “podemismo”.

Pues eso. Ya saben. Hacienda ha intervenido las cuentas del Ayuntamiento capitalino gobernado por Ahora Madrid por exceso de gasto. La respuesta está prevista en la Ley de Estabilidad Pública y Suficiencia Financiera, dicen. ¡Sólo faltaba! Si no hubiera amparo jurídico, hablaríamos de otra cosa. Y el ministro de Hacienda más locuaz de cuantos haya habido en España de leyes sabe un rato. Por algo montó en su día despacho propio. ¿Recuerdan Equipo Económico?

Saber sabe de normas, otra cosa es dónde y con quién las aplica. Y, a priori, uno diría que sólo con los adversarios políticos. Manuela Carmena se habrá apartado o no de la senda de gasto, pero antes lo hicieron otros de los que le precedieron en el cargo. ¿Dónde estaba entonces Montoro?

Ante una crítica, una amenaza; ante un comentario, una acusación pública; ante una enmienda, un expediente y ante un adversario, un 155

Se empieza por intervenir las cuentas y se acaban interviniendo las políticas. De hecho, una cosa lleva automáticamente a la otra. Y a este ministro lo que no le gusta no es que Carmena gaste, sino el destino de los dineros públicos, que en este caso ha sido la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo y la ejecución de competencias impropias que deberían ser prestadas por las comunidades autónomas o por el Estado. Es decir que a Montoro le importa un bledo que Carmena haya ahorrado dinero a otros estamentos del Estado, que su Ayuntamiento tenga un superávit de 1.000 millones anuales o que haya reducido la deuda que le dejaron sus antecesores en más de 2.000 millones de euros.

Ministro, que las cifras cantan; que con los Gobiernos de Gallardón y Botella, Madrid multiplicó por siete la deuda municipal en diez años; que los madrileños pasamos de deber 1.136 millones en 2002 a hipotecarnos hasta los 7.700 millones en 2012; que la factura de la M-30, el Palacio de Correos y cuantos antojos tuvo el que luego fuera ministro de Justicia los pagaremos nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos.

Esto, claro, por no preguntar ¿dónde estaba usted cuando en la Comunidad de Madrid, también gobernada por su compañero Gallardón y por Esperanza Aguirre, el dinero de nuestros impuestos, además de destinarse a obras suntuarias, se esfumaba por la alcantarilla de la corrupción con la que saquearon las arcas públicas para forrar a unos cuantos de sus correligionarios? Ah, claro, que sería porque no se enteró que entonces se usaban las empresas públicas municipales y autonómicas, además de para cuestiones inconfesables, para eludir los límites de endeudamiento. ¡Acabáramos!

Si es por eso, no nos responda, pero vaya buscando una explicación por qué su Ministerio no interviene, además del de Madrid, los otros 800 ayuntamientos que también incumplen la regla de gasto. Piense bien la respuesta porque tendrá que convencernos de que no es porque en ninguno de ellos gobierne Podemos y sí el PP, que como todo el mundo sabe gastar lo que se dice gastar gasta un rato, y no precisamente en lo que necesitan los ciudadanos.