La decisión del Tribunal Constitucional anulando el acuerdo del Parlament de Catalunya del pasado mes de octubre que instaba al Govern a celebrar un referéndum en el 2017 no cabe considerarla una sorpresa. Como tampoco lo es la nueva causa penal que el TC resuelve por unanimidad pedir al fiscal general del Estado que inicie contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. En este caso, además de contra Forcadell, el TC solicita que se actúe contra los cuatro miembros de la Mesa que permitieron la votación de la Cámara catalana: tres de Junts pel Sí  -Lluís Corominas, Anna Simó y Ramona Barrufet- y uno de Catalunya Sí que es Pot, Joan Josep Nuet.

La interlocutoria del TC tiene un añadido importante: advierte al president Carles Puigdemont y al resto de miembros del Govern que si convocan un referéndum incurrirán en posibles responsabilidades penales. Aunque todos los componentes del Ejecutivo catalán ya habían sido advertidos por el TC cuando se aprobaron las conclusiones de la comisión de estudio del Procés Constituent para que paralizaran la ejecución de todos y cada uno de sus puntos, en este caso, la situación es sustancialmente diferente ya que difícilmente el Govern podrá aprobar la convocatoria del referéndum sin ir al choque con el TC. Algo que ya era sabido ante la cerrazón de Mariano Rajoy pero que abre una nueva pantalla en el conflicto entre los dos gobiernos.

Aunque la consellera de Presidència, Neus Munté, despreció la notificación del TC y mantuvo la voluntad inequívoca de convocar un referéndum, el camino a transitar, políticamente hablando, se irá cerrando a medida de que vayan transcurriendo las semanas. Mariano Rajoy ya hace bastantes días que enterró la llamada Operación Diálogo y la Moncloa ha activado el análisis de los diferentes estudios ya elaborados hace meses sobre cómo puede golpear a la Generalitat a través de su entramado jurídico-político-financiero. Si nunca entró la negociación política en ninguna ecuación para encarar las demandas de Catalunya, ahora solo están abiertas la vía penal y el cierre de las ayudas que provienen del FLA. La vía coercitiva quizás no tenga un único ejecutor pero Puigdemont, Junqueras y el resto de dirigentes independentistas deberán afrontar la estrategia de Madrid de dar gas a fondo para crear un escenario de miedo, cada vez más real.