La noticia de que una quincena de diputados de la Cámara de los Comunes, miembros de cuatro formaciones políticas diferentes, han presentado para su debate en el Parlamento de Westminster una moción en la que se denuncia la persecución a que está siendo sometida la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por haber permitido en la cámara catalana un debate sobre la independencia de Catalunya, debería hacer sonrojar a más de un responsable político español y también a alguno catalán. Entre los firmantes hay diputados del Partido Nacional Escocés (SNP), Partido Nacionalista de Gales, Partido Laborista y Partido Socialdemócrata y Laborista Irlandés.
Más allá del resultado en la Cámara de los Comunes, donde el Partido Conservador tiene una sólida mayoría, es relevante que, cuando falta una semana para la comparecencia de Forcadell ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya como investigada (antes imputada), por presunta desobediencia y prevaricación, haya llegado hasta el Parlamento británico una resolución que considera la situación judicial de la presidenta del Parlament de "preocupante para todos los demócratas".
Que todo ello vaya a coincidir con la Operación Diálogo puesta en marcha por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría no es casual. El Estado español es víctima de su permanente actitud inmovilista y de la falta de diálogo –también eso se dice en la resolución británica–.
Es oportuno recordar que el exministro de Asuntos Exteriores José Manuel Garcia-Margallo ya expresó en la ONU el pasado septiembre que el proceso catalán avanzaba a toda máquina y que el ejecutivo español había errado la estrategia. Hoy Margallo, que más allá de hablar tampoco hizo nada, está fuera del Gobierno, y la mínima estructura de la Generalitat en el extranjero recoge algunos frutos, el tiempo avanza y el president Puigdemont ha convocado para el 23 la cumbre política que deberá empezar a tejer el consenso en torno a la organización del referéndum. El reloj catalán sigue corriendo.