El 62,6% de los jueces y magistrados destinados a Catalunya han decidido secundar la huelga convocada para este martes por las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales en reclamación de más y mejores recursos humanos y materiales y una mayor independencia profesional.

De los 719 jueces y magistrados que trabajan en Catalunya, un total de 450 habían comunicado, antes de las 13.30 horas que harían huelga a la Presidencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. De momento no se conoce el seguimiento que ha tenido la huelga de fiscales.

La huelga está promovida por las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales: la Asociación profesional de la Magistratura, la Asociación Francisco de Vitoria, Jueces y Juezas por la Democracia, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación profesional e Independiente de Fiscales.

"Reivindicaciones que entendemos absolutamente fundamentadas y que queremos que las personas que hoy se han encontrado en los organismos donde hoy no celebraban juicios que entiendan por qué estamos aquí", ha dicho la jueza decana de Barcelona, Mercè Caso. "Pedimos una nueva organización judicial, una nueva planta judicial, que nos permita resolver todos los asuntos que tenemos sin tener que hacer esperar a la gente", ha insistido Caso en una comparecencia este mediodía.

La reivindicación pasa por un incremento de medios, pero también por la independencia judicial que ha quedado en suspenso ante los nombramientos a dedo de las estructuras tanto del Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo como de la Fiscalía General del Estado. Quieren, en este sentido, una justicia más independiente y de mayor calidad, una justicia donde "los poderes se autolimiten y no se fagociten, como hasta ahora".

Los fiscales, por su parte, reclaman la derogación del sistema de plazos máximo de instrucción, la paralización de la implantación de la justicia digital, la atribución a la Fiscalía General del Estado de la formación de los fiscales, la fijación de las cargas de trabajo y la independencia del ministerio fiscal y su autonomía presupuestaria.

El 16 de junio de 2017 las cuatro asociaciones judiciales suscribieron un manifiesto con "14 propuestas para la mejora de la Justicia" al cual se adhirieron 120 juntas de jueces, más de 3.500 jueces individualmente y las tres asociaciones de fiscales. Las propuestas van desde el refuerzo de la independencia judicial a la modernización y digitalización efectiva de la Administración de Justicia y la mejora de las condiciones profesionales de los miembros de la carrera judicial. También está pendiente de aprobación la Ley Orgánica sobre recuperación de permisos y vacaciones. Tampoco se ha convocado la mesa de retribuciones que por ley tiene que reunirse cada cinco años con el fin de reclamar las mejoras salariales que permitan recuperar los recortes de los últimos ocho años. El año 2010 se redujeron las retribuciones muy por encima de la función pública, con el pago "irrisorio" de guardias de jueces y fiscales.

Según las asociaciones, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "ha hecho caso omiso a la propuesta sobre nombramientos judiciales, de acuerdo con criterios de mérito, capacidad, igualdad de género y transparencia" y sigue sin cumplir con su obligación legal de fijar las cargas de trabajo, como le recuerda la reciente sentencia de la Sala del Social de la Audiencia Nacional. Así, quieren que se convoquen 300 plazas de juez anuales en los próximos cuatro años, para reducir la carga de trabajo, ya que España tiene una de las tasas de litigiosidad más altas de Europa y una de las ratios de juez por habitante más bajas. Con respecto a la independencia judicial, quieren que los jueces vuelvan a elegir 12 de los 20 miembros del CGPJ por elección directa, secreta y en listas abiertas.