¿Cuál es la estrategia de la fiscalía en la acusación contra Jordi Sànchez y Jordi Cuixart?

¿La acusación de rebelión se llevará hasta el final o es una estrategia para despistar a los abogados para que los acaben defendiendo de unos hechos y un delito que no existe?

Teniendo en cuenta que la primera denuncia es por sedición, que no ha habido violencia en ningún momento y que no hay nada que legalmente argumente la prisión provisional, los abogados se han ido adaptando a todo lo que han ido percibiendo de la fiscalía y los jueces.

"Empezamos de manera light. Creíamos que si había un discurso tranquilo, no pasaría nada", dice el abogado de Jordi Sànchez, Jordi Pina, a El Nacional.

"Creíamos que estábamos en un procedimiento normal, y que con razones jurídicas y técnicas convenceríamos al tribunal", explica Marina Roig, abogada de Jordi Cuixart. En conversación con El Nacional no niega que se ha ido redirigiendo la defensa a medida que han ido pasando los meses y han visto que no había nada que hacer: "La estrategia ha cambiado en cuanto a la forma. Ahora lo decimos todo de una manera más directa".

El punto de inflexión ocurre el 23 de marzo, cuando Pablo Llarena vuelve a encerrar en prisión provisionalmente parte del Govern que ya había quedado en libertad. Cuando en medio del pleno de investidura a Jordi Turull, el magistrado le dice que él no garantiza el autogobierno.

"Eso es lo que provoca el cambio en la línea de defensa", dice Pina. "Se han descarado de manera tal que no son objetivos", añade el abogado.

Fuentes judiciales apuntan hacia una estrategia de la fiscalía para no mantener la rebelión hasta el final. Rebajar los años en el escrito de acusación por rebelión y en las conclusiones definitivas del juicio cambiar el delito por sedición. Eso provocaría una rebaja de la pena, que la fiscalía pudiera argumentar esta rebaja sin caer en el descrédito de la falta de pruebas por rebelión y un juego del gato y la rata con los abogados que habrían defendido a los Jordis por un delito por el que al final no se les acaba condenando.

Marina Roig se pregunta: "¿Qué planteamiento de defensa tengo que hacer?". Y denuncia que este hecho genera indefensión.

Jordi Pina es más tajante: "Yo planteo la defensa como que no han hecho nada", porque "no concurre ningún elemento. Todos estos delitos llevan intrínseca la violencia". Y añade que "nos harán un Altsasu", refiriéndose a la rebaja de penas que puede haber en la demanda de la fiscalía final y en la condena.

Según Roig, la denuncia inicial se ha "desvirtuado". "Ya no eran hechos reales", dice, y remarca que una vez se amplían los hechos al 1 de octubre y el caso pasa al Tribunal Supremo, se incorporan a la causa informes de la Guardia Civil.

Justificar a los presos políticos

Jordi Sànchez y Jordi Cuixart eran los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural cuando entraron en la prisión. Cuixart mantiene el cargo, y Sànchez dejó la presidencia de la ANC y se presentó a las elecciones del 21-D. Pero están entre rejas como máximos representantes de la sociedad civil.

Mantenerlos encerrados es una manera de justificar que los consellers que han renunciado al escaño o se han apartado de la carrera política como Joaquim Forn, Carme Forcadell o Dolors Bassa continúen encarcelados.

Marina Roig tiene claro que "necesitan mantener la rebelión contra viento y marea para mantener las inhabilitaciones y parecer que se ha hecho justicia". Jordi Pina es de la misma opinión: "No los pueden dejar en libertad si mantienen a los políticos... porque es tan descarado... Por eso los mantienen en la prisión, para que no podamos decir que hacen distinciones".

"Hace un año y no me han dado ningún argumento para mantenerlos encarcelados", rubrica Pina. Y anuncia que cada semana pedirá la libertad de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, de quienes también es abogado.

La filtración de la fiscalía

Sobre las filtraciones que habido los últimos días de la posible pena que podría pedir la fiscalía en el juicio, los dos abogados se lo miran de lejos.

Marina Roig trabaja con la tesis de que no hay delito y que ella pedirá la absolución en el escrito de defensa. Jordi Pina cree que la fiscalía es consciente de la gravedad de la filtración porque el caso todavía no está cerrado.

Y es que todas las defensas han pedido varias diligencias que se tienen que resolver antes de cerrar la instrucción y hacer los escritos de acusación. Para Pina es inverosímil que la fiscalía ya esté haciendo la acusación sin ver nuevas pruebas que podrían modificar el relato de los hechos.

Las injerencias del 13

El origen de la acusación contra los Jordis es en el 20 de septiembre. En las movilizaciones que se hicieron durante los registros y las detenciones de 14 altos cargos del Govern autorizadas por el juez de instrucción número 13 de Barcelona.

Lo que empezó como una investigación por las declaraciones de Santiago Vidal derivó en una causa general contra el proceso con escuchas telefónicas indiscriminadas.

Desde la defensa de Jordi Cuixart siempre se ha mantenido que los jueces competentes para instruir la causa eran los catalanes. Con la resolución del juez diciendo que no es competente para investigar estos delitos, la perplejidad llega a las defensas y una nueva vía. Marina Roig se plantea discutir la validez de las pruebas que ha presentado este juzgado en la Audiencia Nacional, primero, y después en el Tribunal Supremo.

Según Roig, el juez del 13 "ha dictado resoluciones contradictorias", lo que denota una falta de independencia judicial.

La propuesta de Puigdemont

Después de las elecciones del 21-D y después de que el presidente del Parlament, Roger Torrent, parara la investidura de Carles Puigdemont, el mismo Puigdemont llamó a Jordi Pina para proponerle que Jordi Sànchez fuera investido president de la Generalitat.

"¿Crees que me puede perjudicar?", preguntó Sànchez a Pina. "No ―respondió el abogado―. Son elecciones democráticas. No veo ningún problema".

Todo fueron problemas. Ni se pudo investir a Sànchez porque Llarena le impidió asistir al pleno del Parlament ni se consiguió su salida en libertad.

"Siempre he pensado que desde el Govern hubiera podido hacer cosas por el país. Es una persona dialogante. Hubiera negociado un referéndum pactado con el estado español", explica Pina, que añade que nunca se planteó que si era investido president, hubiera ninguna incidencia en el proceso penal. "El programa electoral de Junts per Catalunya no cruzaba líneas rojas", remarca.