En el 2030, dos de cada 10 personas en Catalunya tendrán más de 65 años. El alargamiento de la esperanza de vida, los avances de la ciencia y la mejor asistencia médica ha comphaber ortado un progresivo envejecimiento de la población catalana. Ante esta realidad, decrece la autonomía de las personas mayores y cada vez hay más abuelos solos, dependientes y faltos de recursos económicos, una circunstancia que abre nuevos retos sociales.
Así se pone prueba el sistema socioeconómico catalán y en duda que las ciudades estén preparadas para tener tantas personas mayores y estar a la altura de las circunstancias. ¿Qué ayudas reciben? ¿Cuánto cuesta una residencia? ¿Hay plazas públicas suficientes? Las cifras confirman que los casi un millón y medio catalanes más mayores de 65 años se encuentran con recursos insuficientes para atender sus necesidades, a pesar de los esfuerzos de la administración y las entidades.
El modelo social actual, con familias cada vez más pequeñas y sin convivencia intergeneracional, ha hecho insostenible que la atención a los abuelos se lleve a cabo dentro del núcleo y el domicilio familiar. Eso hace que cada vez más se requiera que los gobiernos ofrezcan soluciones. Pero la paradoja es que hay mucha más demanda de plazas públicas que oferta y las familias tienen que buscar alternativas en los modelos concertados o privados, con un aumento considerable de costes.
Los nuevos modelos de familia prestan insostenible la atención de los abuelos en el domicilio
Fondos privados y fondos buitre han visto esta circunstancia como una oportunidad económica y el término "negocio de la dependencia" se ha extendido. La tasa de envejecimiento en Catalunya crece por término medio un 2% anual, y en el 2019 se situó al 121,6% según el instituto de Estadística de Catalunya. La tasa de envejecimiento en España es todavía más alta, de un 122,97% con la misma tendencia de creixement exponencial que la catalana desde 1979.
Las residencias privadas dominan el sector
El sistema catalán está formado por 1.073 centros geriátricos con un total de 57.383 plazas de residencia asistida. Según el último Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials (RESES) de la Generalitat de Catalunya y con datos a 31 de diciembre de 2019, el 82% de estas corresponden a entidades privadas y el 18% a entidades públicas.
Cerca de 2.000 euros mensuales por una plaza
Las listas de espera para acceder a una plaza pública de residencia están masificadas y muchas personas tienen que buscar alternativas en el modelo privado, con el significativo aumento de coste que supone.
El coste de una plaza para una residencia para personas mayores en Catalunya se acerca a los 2.000 euros mensuales. El precio de las plazas públicas viene determinado por la cartera de servicios sociales de la Generalitat de Catalunya. Según datos facilitados por la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA), una plaza de residencia asistida en grado III (máxima dependencia) es de 1.869,41 euros y una en plaza de residencia asistida en grado II (dependencia severa) es de 1.700 euros. Una plaza privada, según el informe económico y social ACRA - UPF del 2016, estaba en los 1.984 euros, pero puede ser sensiblemente superior en áreas con más demanda.
Lista de espera, de cuatro meses a cinco años
La ley de la dependencia establece que la espera para ingresar en una residencia no puede superar los seis meses. Pero la realidad hace trocitos la teoría. Cada año centenares de catalanes, la mayoría abuelos de más de 80 años, mueren sin haber entrado en el centro que han pedido. ACRA, que es la patronal más importante del sector, cuantifica la media de espera hasta conseguir una plaza pública en el 2020 desde 4 meses a 5 años en el caso de Barcelona.
Cada año centenares de catalanes mueren sin haber entrado en el centro que han pedido.
Si una persona con dependencia opta por la red pública de servicios sociales, después de la solicitud, valoración de servicios sociales y de la elaboración del Programa Individual de Atención (PIA) se le determina que puede ir a una residencia asistida, se situará en una lista de espera hasta que pueda acceder en una plaza pública o en una plaza con financiación pública (concertada o colaboradora). Cada día mueren seis personas esperando esta plaza o esperando recibir una prestación, que representan 2.200 personas el año.
Las ayudas como alternativa
La alternativa que ofrece el gobierno para encarar la falta de camas públicas mientras esperan a la lista la plaza demandada es la prestación económica por dependencia. Se trata de una cantidad económica que reciben aquellos casos que no pueden acceder al servicio público adecuado a la persona en situación de dependencia. En el caso del grado de dependencia 2 el máximo que se puede recibir es de 426 euros, cifra que puede aumentar hasta los 715 euros en el caso del grado 3.
Fuentes de l'ACRA apuntan que hay que tener en cuenta que ante el acceso a una plaza pública o con financiación pública siempre se tiene en cuenta un copago determinado por la pensión y el patrimonio de cada persona. Aunque hay unos topes máximos establecidos de copago en la cartera de servicios sociales, casi bien nunca la persona en situación de dependencia tiene que pagar más del importe de la pensión de cada persona.
¿Espejo o reto?
La patronal asegura que hay muchos modelos sociosanitaros de referencia por todo el mundo. "Los países escandinavos son una referencia en la atención a las personas mayores dependientes, Suiza también tiene un muy buen sistema y hay modelos muy interesantes en los Estados Unidos, en Chile o en Japón". Ahora bien, el ACRA tiene claro que "no se trata de copiar y trasladar", sinó de ser capaces "de crear uno propio que dé respuesta a las necesidades de las personas dependientes en Catalunya".