Carles Puigdemont y Toni Comín han denunciado ante el Tribunal Supremo que no sólo se está viendo vulnerando su inmunidad parlamentaria sino también sus derechos como oposición política y como miembros de una minoría nacional, recogidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Así se argumenta en los recursos que han presentado ante el Supremo en contra de la decisión del juez instructor Pablo Llarena de no dejar sin efecto la orden de detención contra ellos, tal y como pidieron para poder cumplir con normalidad con sus obligaciones como europarlamentarios.

El escrito, al cual ha tenido acceso El Nacional, fue presentado este martes con la petición que se diera respuesta en 72 horas. Las defensas de los dos políticos, insisten que, tanto ellos como Oriol Junqueras, fueron proclamados oficialmente miembros de la Cámara europea desde el 14 de junio, cuando se publicó en el BOE el listado de los diputados electos. A partir de aquel momento aseguran disponer de la inmunidad parlamentaria y que esta sólo se les puede levantar con el correspondiente suplicatorio.

No obstante, recuerda el texto, el suplicatorio implica "someter al contraste europeo" los delitos que se les imputan, los cuales no encajan en los ordenamientos de diferentes países europeos, como se demostró en Alemania. "Dicho de otra manera, se vulnera la inmunidad de mi representado para, de esta forma, no verse sometido al escrutinio europeo que implicaría el tener que solicitar el suplicatorio en el Parlamento Europeo", se añade.

El recurso denuncia que el instructor del caso está cometiendo un "claro error de interpretación de las normas europeas que son de obligada aplicación". "Vaya uno a saber las razones de ello", ironiza. Por lo cual, en caso de persistir, avanza que habrá que acudir al camino previsto en el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la UE, es decir, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Así mismo, el recurso subraya el hecho de que las únicas candidaturas electorales afectadas por la errónea interpretación del Supremo y la JEC son aquellas que representan a minorías nacionales dentro del Estado español. "Eso, sin duda, genera graves dudas sobre el respeto que se está manteniendo a lo previsto en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, lo cual, en definitiva, lleva a cuestionarnos si no estamos ante una vulneración no sólo de la inmunidad de mi representado sino, también, de los derechos que como candidato opositor y miembro de una minoría le corresponden en el ámbito de la UE", advierte.

Finalmente, el texto recuerda que existe una "causa permanente de abstención" que afecta al juez instructor dado que Puigdemont presentó una demanda civil contra él en Bélgica, lo cual plantea dudas sobre su "imparcialidad".