Más de tres meses de trabajo, 21 comparecencias sobre un total de 56 miembros citados y la ausencia de tres grupos parlamentarios es el balance de la comisión más polémica de la legislatura. Creada para investigar la posible operación del Estado para perseguir enemigos políticos, la Comisión de Investigación sobre la Operación Catalunya ha contado con las comparecencias de la expresidenta del PP catalán Alicia Sánchez-Camacho, el exjefe de la Unidad de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas y los periodistas Carlos Enrique Bayo y Patricia López, entre otros.
La expresidenta del PP catalán Alicia Sánchez-Camacho. Fotografía: Laura Gómez
"Si bien las comparecencias han sido muy reveladoras, también lo han sido las ausencias", asegura el diputado de Junts pel Sí a Roger Torrent en referencia a los 35 miembros que, a pesar de haber sido citados a declarar, no se han presentado a la comisión. Entre estos, destacan altos cargos del Gobierno español, entre los cuales se encuentra el mismo presidente, Mariano Rajoy, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.
De hecho, Fernández Díaz ha sido uno de los nombres más citados por los comparecientes ya que lo han acusado directamente de orquestar a una brigada política en contra de los enemigos políticos del Estado. "Todo apunta que el exministro del Interior utilizó determinados instrumentos de la Policía Nacional para torpedear investigaciones que afectaban cargos del PP y para ir en contra de los adversarios políticos del Estado", asegura el diputado socialista Jordi Terrades.
Más allá de los matices y las diferencias ideológicas, la mayoría de los partidos admiten la existencia de la Operación Catalunya o, cuando menos, de las denominadas cloacas del Estado. No es así en el caso del PP, que atribuye la creación de la Comisión sobre la Operación Catalunya a la voluntad "no tanto de aclarar irregularidades, que se pueden haber producido, sino a presentar el Gobierno de España y las instituciones como un Estado autoritario con el fin de conseguir apoyo para el referéndum", asegura el diputado popular Sergio Santamaría.
Las conclusiones sobre la comisión se presentarán el próximo 28 o 29 de agosto. Todo parece indicar que los grupos parlamentarios presentes en la comisión -Junts pel Sí, Catalunya Sí Que es Pot y la CUP- presentarán unas conclusiones conjuntas que más tarde se debatirán en el pleno. "El Parlament es el máximo órgano de representación de la ciudadanía y un altavoz para dar visibilidad a lo que se ha debatido en la comisión", asegura el diputado de Catalunya Sí Que es Pot Albano-Dante Fachin.
Las conclusiones de la comisión
Una vez presentadas y aprobadas las conclusiones, estas se pueden trasladar a la Fiscalía. "Denunciarlo en la Fiscalía quizás tiene un recorrido demasiado corto porque esta depende en último término del Gobierno español", asegura la presidenta de la comisión y diputada de Junts pel Sí, Alba Vergés. Desde el PP, en cambio, defienden que la Fiscalía se guía por el principio de legalidad en base a la separación de poderes pero invitan a los grupos que no confíen en presentar una querella. "Otra opción sería llevar las conclusiones a un juzgado ordinario", añade Vergés.
Más allá de las conclusiones, la comisión también presentará una querella contra todos los comparecientes que no se han presentado a la comisión. En este caso, el reglamento del Parlamento obliga a dar cuenta en la Fiscalía de los incomparecientes. También lo regula el Código Penal, que establece que los que no comparezcan "serán castigados por un delito de desobediencia" y que, en caso de autoridades o funcionarios, el castigo podría implicar incluso pena de suspensión del cargo.
Sin embargo, y en base al gran número de ausencias a la comisión, los grupos han llegado a un acuerdo para acompañar el informe a la Mesa de una solicitud de querella para pedir responsabilidades penales. "Las ausencias de los comparecientes son un menosprecio al Parlament soberano y es delito", mantiene la diputada de la CUP Mireia Boya.
El exsecretario de Organización del PSC José Zaragoza y la presidenta de la comisión, Alba Vergés. Fotografía: Laura Gómez
"La Operación Catalunya tendría que hacer caer el Gobierno español"
Una vez las conclusiones pasen a instancias judiciales se valorará si hay indicios razonables de naturaleza incriminatoria. Independientemente del posicionamiento de la Fiscalía, Junts pel Sí, PSC, Catalunya Sí Que es Pot y la CUP han reiterado la petición de dimisión de Fernández Díaz. "Si el Watergate hizo dimitir al presidente Richard Nixon, la Operación Catalunya tendría que hacer caer todo el Gobierno español e incluso discutir las bases del régimen del 78", asegura Torrent.
Desde la CUP también piden la dimisión de Rajoy, Santamaría y el exdirector general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó, entre otros, pero denuncian "la impunidad de la clase política estatal". "Se pretende normalizar aquello que sólo pasa a las dictaduras", sostiene Boya.
La ausencia de los grupos parlamentarios
De la misma manera que ha sido notoria la ausencia de los comparecientes, también lo han sido las progresivas bajas de los grupos parlamentarios. El PSC fue el primero que anunció que no participaría a la comisión después de que Junts pel Sí y la CUP dejaran en vía muerta la Comisión de Investigación sobre las actuaciones del Govern para preparar la secesión de Catalunya del resto de España.
Poco después fue el PP quien abandonó la comisión ya que consideraban que se estaba haciendo un uso partidista de esta por parte de Junts pel Sí y la CUP. "Las comparecencias han sido un esperpento. Se ha querido montar el numerito y los comparecientes han sido debidamente seleccionados por tener un claro sesgo contra el PP", considera Santamaría. Poco tiempo después de que abandonaran la comisión también la dejó Ciudadanos argumentando que "se estaba desvirtuando la finalidad de aclarar los hechos y dilucidar responsabilidades políticas".
"Preocupa mucho haber visto al PSOE y el PSC reacios a que se sepa la verdad", lamenta Fachin. Mireia Boya, por su parte, califica la actitud de los socialistas como "escandalosa" y asegura que "no hace más que demostrar que el PSOE y el PP van de la mano y que hay un pacto de estado contra la disidencia política".