El Tribunal Supremo ha cerrado una puerta más a Oriol Junqueras. Ha decidido que mantiene en prisión provisional al vicepresident, que está encerrado en Estremera desde el 2 de noviembre. Ahora, Junqueras, si lo quiere volver a intentar, tendrá que presentar un recurso al magistrado instructor Pablo Llarena, como hicieron Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

La sala de lo penal no ha recogido la apuesta por el diálogo y la bilateralidad que se ha materializado en la campaña y el programa de ERC y que Junqueras defendió durante la vista de apelación.

El vicepresident, en prisión desde el 2 de noviembre, "se ha ratificado en este compromiso personal demostrado en su trayectoria política y basado en sus convicciones morales", dijo su abogado el jueves en la salida de la vista Andreu Van den Eynde, quien remarcó que Junqueras ha defendido el acatamiento de las vías pacíficas.

El vicepresident argumentó su derecho a libertad, de representación política y a defenderse con garantías. Oriol Junqueras se presentó ante el tribunal como un "hombre de paz" y creyente, con el fin de ganar la confianza y los argumentos para poder salir de la prisión de Estremera, donde lleva 63 días encerrado.

La fiscalía había pedido mantener Junqueras en prisión. El Ministerio Público ha expresado su desconfianza que Oriol Junqueras pueda ejercer su tarea política y ha tratado al Govern de la Generalitat como una organización delictiva con una hoja de ruta planificada para hacer el referéndum y la posterior república.

El abogado del vicepresident, Andreu Van den Eynde, lamentaba antes de saber la resolución que el tema político "esté preñando todo el discurso".

La decisión la han tomado por unanimidad los tres magistrados que integran la sala de apelaciones, determinando que "existen indicios de la comisión por parte de Junqueras de delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos" y que también hay "un riesgo importante de reiteración delictiva".

El auto, cuyo poniente ha sido el magistrado Miguel Colmenero, empieza destacando que defender la opción política de independencia de una parte del territorio es legítimo, ya que la Constitución admite la defensa de cualquier posición política, pero que en todo caso "se tiene que propugnar sin cometer un delito". El Supremo considera que el vicepresident en funciones no se ha situado en esta posición teórica sino que ha ido "mucho más allá participando como vicepresidente del Govern en un plan de declaración unilateral de independencia en contra de las resoluciones del Tribunal Constitucional".