Hoy hace un año que Jordi Sànchez y Jordi Cuixart entraban en la prisión de Soto del Real después de comparecer en la Audiencia Nacional acusados de sedición. Era el segundo viaje que hacían a Madrid, junto con el major de los Mossos Josep Lluís Trapero. La fiscalía fue implacable y pidió prisión incondicional y sin fianza, y la jueza Carmen Lamela lo concedió.
La denuncia inicial de sedición por los hechos del 20-S ha acabado siendo una querella por rebelión que incluye el referéndum del 1 de octubre. En medio de baile de penas que podría pedir la fiscalía, que estos días van trascendiendo, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart cumplen un año de prisión en el centro de Lledoners donde llegaron este julio pasado.
El caso está lleno de incongruencias, y la acusación bascula según el momento y a medida que ha ido avanzando la instrucción.
Desde el primer momento, sin embargo, los coches de la Guardia Civil a los que se subieron los Jordis para desconvocar la concentración del 20 de septiembre a las puertas de la Conselleria d'Economia han estado en el centro del relato y la acusación.
La gravedad de la situación se acentuó cuando la Guardia Civil comunicó que dentro de los vehículos rodeados por centenares de personas había armas. Y aquí es cuando empezaron a proponerse soluciones que la Guardia Civil fue rechazando una a una.
La última que ha podido saber El Nacional, que los Mossos d'Esquadra ofrecieron a la Guardia Civil hacer un pasillo de la puerta de Economia a los coches para sacar las armas. Pero la policía española no quiso. Se quería evitar la imagen de los agentes de la Guardia Civil entrando en Economia cargados con armas.
Tampoco quisieron entrar los vehículos en el párquing de la conselleria. Y finalmente la ANC hizo un cordón de seguridad con voluntarios para evitar que nadie más se subiera sobre los coches. Mientras tanto, el helicóptero de los Mossos no perdía de vista los coches.
Fue cuando uno de los concentrados puso la cabeza dentro de uno de los vehículos, que desde el helicóptero se avisó y los antidisturbios de los Mossos hicieron la carga para desalojar la zona, ya entrada la noche.
Los Mossos supieron que había armas en los coches por la mañana. Jordi Sànchez, por la tarde. Y Jordi Cuixart, por la noche.
"Al coche ya no le viene de aquí"
Jordi Cuixart entró por primera vez en la Conselleria d'Economia a las 22 h. Hasta entonces se había acercado a la concentración en varios momentos del día pero sin entrar dentro del departament. Por la noche, entre entre 3 o 4 veces, habló directamente con la Guardia Civil. Es cuando se decide desconvocar la concentración.
Hay dos momentos clave en estos hechos que han acabado siendo la base de la acusación contra los Jordis que no se tienen en cuenta a la hora de rebajar, o directamente retirar, las acusaciones contra los Jordis.
El primero, el hecho de que la Guardia Civil les pidiera que no desconvocaran ni se marcharan porque con ellos la masa estaba controlada.
El segundo, el visto bueno para que utilizaran los coches de tarima para dirigirse a la masa. Jordi Sànchez comunicó al intendente de la Guardia Civil que subirían a los coches para desconvocar la manifestación. Y el intendente respondió: "Al coche ya no le viene de aquí".
Y la foto con los dos Jordis encima del coche pasó a ser la prueba de cargo contra ellos en la primera denuncia, que ya los apuntaba y que hablaba de sedición o "rebelión en pequeño". Un tipo penal inexistente.
Pero la segunda desconvocatoria no se hace encima de los coches, sino en el escenario y con micrófono. Esta imagen, sin embargo, no consta en la querella ni en el relato de los hechos de la Guardia Civil.
Pero en el auto que dicta la prisión de Sànchez y Cuixart, la jueza Carmen Lamela cambia los hechos: "Subidos a un coche de la Guardia Civil, llamaron a la movilización permanente desde aquel día a favor del referéndum y contra las actuaciones ordenadas judicialmente para impedirlo".
La jueza exponía que tanto Sànchez como Cuixart "se erigieron como interlocutores de la concentración" y que nunca utilizaron este control "para desconvocar o diluir los riesgos".
Y añade que aunque los mensajes iban acompañados de la petición que las concentraciones fueran pacíficas, "no se remitió ningún mensaje ni se comunicó a la masa de ninguna otra forma que no se violentaran los vehículos oficiales en los que la comisión judicial llegó a la Rambla.
La jueza afirma que "no se trataba realmente de concentraciones pacíficas y tampoco de una protesta aislada contra determinadas actuaciones del juzgado o de la Guardia Civil" y que Sànchez y Cuixart "se dirigieron a los manifestantes animando la masa".
La jueza es dura en su auto y destaca que "cobra especial importancia el papel que los dos investigados tuvieron en los hechos objeto del presente procedimiento, participando activamente en la convocatoria de las concentraciones que tuvieron lugar los días 20 y 21 de septiembre, alzándose además como sus principales promotores y directores, manteniéndose delante de estas durante todo el día, llevando la iniciativa en una pretendida negociación con los guardias civiles, animando y dirigiendo la acción de los congregados, incitándolos a permanecer en el lugar e impartiéndoles órdenes de la actuación a hacer en cada momento".
"Rebelión en pequeño"
En la denuncia presentada a la Audiencia Nacional el 22 de septiembre no estaba todavía el nombre de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, pero ya se les señalaba.
La fiscalía entendía que todos estos hechos eran constitutivos de un delito de sedición, "forma colectiva y tumultuaria de alzamiento" o "rebelión en pequeño" —señalaba el escrito—. Según el fiscal, "la finalidad última de estas movilizaciones es conseguir la celebración del referéndum para alcanzar la proclamación de una república catalana independiente de España, y son conscientes de que desarrollan una actuación al margen de las vías legales impidiendo la aplicación del ordenamiento jurídico en su conjunto, y en particular, de la norma fundamental de todos los españoles, la Constitución".
Por eso, se pedía que se abrieran diligencias para investigar" los hechos denunciados y el descubrimiento de los posibles responsables. Que resultaron ser los Jordis.
El cordón de voluntarios para proteger los coches acabó siendo también un arma contra el estado español. La denuncia señalaba a "voluntarios de la ANC" que hicieron el cordón "para evitar que la Guardia Civil se llevara a los detenidos", cosa que provocó que se produjeran "situaciones de mucha tensión".