Vulneración del principio de legalidad penal, vulneración del derecho a la libertad, vulneración de la libertad de expresión, vulneración de la libertad ideológica, vulneración del derecho de reunión pacífica, vulneración del derecho a la participación política, vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías... Un mes después del anuncio de la sentencia del procés, los observadores nacionales e internacionales han presentado sus demoledoras conclusiones finales. "La dureza de la sentencia es tal que se ha atacado uno de los principios básicos de cualquier estado de derecho: el principio de legalidad", han advertido. El objetivo es presentarlo ante instancias europeas e internacionales. Han puesto el foco en las condenas de 9 a 13 años.

La plataforma International Trial Watch, que ha elaborado el informe, ha gestionado la presencia de 62 observadores, 34 de los cuales observadores internacionales de 17 países. El documento ha sido elaborado a partir de la observación de todas las sesiones del juicio y el análisis de la sentencia. "La sentencia del Tribunal Supremo y las condenas rompen claramente el principio de legalidad constitucional", ha denunciado Anaïs Franquesa, de ITW. "La legalidad debe ser previsible para sus destinatarios", ha lamentado en este sentido.

 

Justamente al respecto, Anaïs Franquesa ha señalado como, en las 500 páginas de la sentencia, "no se llega a analizar qué es un alzamiento, cuando es el núcleo central del tipo penal." En vez de eso, ha añadido, se ha sustituido por una desobediencia civil multitudinaria. De la misma manera, ha analizado los momentos que lo fundamentan: el 20-S hubo "concentraciones multitudinarias" y el 1-O "un voto simbólico en el legítimo ejercicio de las libertades fundamentales".

"Al castigar penalmente la organización de manifestaciones pacíficas se criminaliza claramente el derecho de protesta", ha advertido la presidenta de la plataforma ITW, que ha indicado su "preocupante efecto disuasorio". En esta línea, ha insistido en que la sentencia "vulnera derechos fundamentales que afectan a toda la población en su conjunto".

Belén Caballeros, de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados, ha subrayado cómo “se hace cuadrar de forma torticera un delito grave como la sedición con conductas que suponen ejercer derechos fundamentales”.

"En el TEDH no gustará"

Mireille Jourdan, abogada belga, ha querido advertir que "penas tan importantes son una cosa que en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no gusta generalmente". En este sentido, ha desgranado algunos de los artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos, empezando por el artículo 5 sobre el derecho a la libertad. Ha recordado los informes del Grupo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas, y cómo el juez Manuel Marchena "lo rechazó con menosprecio".

Jourdan ha citado el artículo 9, que recoge la libertad de pensamiento "y la jurisprudencia incluye el derecho a organizar protestas". En este punto, ha subrayado como también está protegido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y el artículo 11, sobre el derecho a la reunión pacífica. Y el 14, sobre la no discriminación. Y el 6, sobre el derecho a un proceso equitativo, que "incluye varias garantías" que según su opinión han sido vulneradas, como el derecho a segunda instancia o al juez establecido por ley.

"El ejercicio de derechos fundamentales es percibido como sedición", ha denunciado la letrada belga, que ha afirmado que durante el juicio no ha habido ningún indicio de uso de la violencia por parte de los acusados. "Es una cuestión jurídica que no puedo comprender. El derecho penal debe hacer un razonamiento muy estricto. La norma penal es estricta. Un alzamiento es un alzamiento, y no una concentración de gente, que es otra cosa," ha concluido.

Vulneraciones procesales

El abogado Robert Sabata, presidente de Abogados Europeos Demócratas (AED), ha desgranado las vulneraciones de derechos procesales. Ha empezado, sin embargo, lamentando que no pudo entrevistarse ni con la sala segunda del Tribunal Supremo ni con la Abogacía del Estado. Sólo una vez con la Fiscalía, de quien ha destacado que fue un "intercambio muy cordial e interesante".

Sabata ha señalado que se han vulnerado los derechos a un juez predeterminado por ley, porque "este juicio se tendría que haber celebrado en Catalunya". Se ha vulnerado el derecho a la segunda instancia. Se ha vulnerado el derecho a un juez imparcial, con una sala que ha sido presionada por el resto de poderes del Estado. "Nunca se habría permitido una sentencia por desobediencia", ha lamentado. Se ha vulnerado el derecho a practicar la prueba, como las imágenes que no pudieron visionarse. Ha habido un trato desigual entre los testigos de las defensas y las acusaciones. Y también ha habido una detención arbitraria, amparándose en los informes de la ONU.

"Era visible que era un juicio político", ha insistido el presidente de Abogados Europeos Demócratas. Ha puesto como ejemplo más palpable "la acusación popular de un partido fascista", en referencia a Vox, "que además está en el Parlamento e hizo campaña". Y ha denunciado: "Los tribunales han sido activistas judiciales".

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