El juez Pablo Llarena ha acordado ampliar el espacio subjetivo de la investigación abierta en relación con el proceso independentista de Catalunya a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, la presidenta del grupo parlamentario de la CUP, Mireia Boya, a su portavoz, Anna Gabriel, al presidente del PDeCat, Artur Mas, en el suyo coordinadora general, Marta Pascal, ia la presidenta del AMI, Neus Lloveras y Massana. En un auto notificado hoy, el juez comunica la existencia del procedimiento en estos nuevos investigados, así como las sospechas que sobre ellos ciernen, con instrucción de los derechos que los asisten de conformidad con el artículo 118 de la Ley de enjuiciamiento criminal, y la posibilidad de ejercerlos de forma inmediata.

En su escrito, Llarena explica que las diligencias que hasta ahora se han practicado muestran que los hechos que se investigan se han podido desarrollar bajo la dirección y coordinación de un conjunto de personas entre los cuales se encontrarían los presidentes y portavoces de los grupos parlamentarios independentistas del disuelto Parlamento de Catalunya, así como los presidentes y secretarios generales de los partidos políticos independentistas y la presidenta del Associació de Municipis per la Independència (AMI). Unas sospechas el fundamento, según el juez, no sólo se encuentra en qué aparecen referenciados como integrantes del Comité Estratégico descrito en el documento "enfocados", "sino en otra serie de elementos que pudieran corroborar lo que en este documento se recoge".

Por una parte, Llarena destaca que todas estas personas aparecen identificadas como participantes de algunas de las reuniones "que" supuestamente sirvieron para "idear y apañar el proceso de ruptura que se investiga, tal como se recoge en la agenda intervenida con ocasión del registro practicado en el domicilio de Josep Maria Jové Lladó."

Llarena añade que todos estos nuevos investigados parecen haber tenido una participación principal y destacada en su desarrollo, "aportando el apoyo político que precisaron la actuación parlamentaria y la actuación de ejecución que llevaron este proceso a término", tal como detalladamente se refiere al atestado elaborado por la Guardia Civil.

Por eso el juez concluye que para que los investigados puedan ejercer su derecho de defensa tal como prevé el artículo 118 de la Ley de enjuiciamiento criminal procede comunicar la existencia de este procedimiento, así como las sospechas que sobre ellos ciernen para que se los instruya de los derechos que los asisten y puedan ejercitarlos de manera inmediata.