La fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado una denuncia ante el juzgado central de instrucción por un presunto delito de sedición en relación con las manifestaciones y protestas del miércoles y jueves en Barcelona contra la macrooperación de la Guardia Civil por el 1-O. La denuncia no se dirige contra nadie en concreto pero apunta a los responsables de la ANC y Òmnium, Jordi Sàchez y Jordi Cuixart.

El delito de sedición castiga con penas de hasta 15 años de cárcel a aquellos que se alcen de manera "pública" y "tumultuaria" para "impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes". 

El fiscal relata como durante la intervención de la Guardia Civil en la Conselleria de Economia, entre la rambla de Catalunya y la Gran Via de Barcelona, el miércoles pasado, durante la cual fueron detenidos varios cargos del Departament, “una muchedumbre se concentró ante los los edificios registrados con la finalidad de impedir por la fuerza a los agentes de la autoridad el legítimo ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de las resoluciones judiciales”.

La denuncia señala a “voluntarios de la ANC” que hicieron un cordón ante la puerta de la Conselleria “para evitar que la Guardia Civil se llevara a los detenidos”, lo que llevó a que se produjeran “situaciones de gran tensión”. Y añade que el presidente de la ANC, Jordi Sànchez, manifestó ante los 40.000 concentrados: "El 1 de octubre votaremos, si nos quitan la urnas, las construiremos". "Que nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa".

También se señala como a las 7 de la mañana dos agentes de la Guardia Civil intentaron salir del edificio por el Cinema Coliseum “pero los manifestantes se congregaron en las puertas del teatro e impidieron que se utilizara como tal vía de evacuación”.

El juzgado de instrucción número 13 se puso en contacto con el major de los Mossos, Josep Lluís Trapero, para que activase un dispositivo de seguridad que permitiese salir del edificio a la comisión judicial, formada por los agentes y la letrada, que tuvo que salir de madrugada por la azotea del edificio “al impedir los manifestantes su salida por la puerta”.

También se señala al presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, que, junto a Jordi Sànchez, se subieron a un coche de la Guardia Civil para llamar “a la movilización permanente”. Mientras, añade la denuncia, “tres vehículos oficiales de la Guardia Civil fueron atacados por la muchedumbre, obligando a los agentes a refugiarse en el edificio”.

Tras una intervención de los Mossos, cinco agentes de paisano salieron escoltados por la policía catalana, a las 3.20 horas, pero no pudieron utilizar los vehículos oficiales al haber sido dañados. El resto abandonaron el edificio a las 7.00 horas.

La denuncia registra asimismo incidentes en la Conselleria de Governació, la sede de la CUP, el registro de la imprenta de Bigues i Riells donde se hallaron cerca de 10 millones de papeletas del referéndum y en Sabadell.

Rebelión en pequeño

Por ello, la fiscalía entiende que todos estos hecho son constitutivos de un delito de sedición, “forma colectiva y tumultuaria de alzamiento” o “rebelión en pequeño” —señala el escrito— previsto en el artículo 544 y siguientes del Código Penal. Según el fiscal, “la finalidad última de estas movilizaciones es conseguir la celebración del referéndum para conseguir la proclamación de una república catalana independiente de España, siendo conscientes de que desarrollan una actuación al margen de las vías legales impidiendo la aplicación del ordenamiento jurídico en su conjunto, y en particular, de la norma fundamental de todos los españoles, la Constitución”.

Por ello, se pide que se abran diligencias para investigar los hechos denunciados “y el descubrimiento de los posibles responsables”.