La fiscalía belga ha recibido este martes la euroorden que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena dictó contra Carles Puigdemont justo cuando se conoció la sentencia del juicio al procés.

El ministerio público pide toda la documentación sobre el caso traducida en uno de los tres idiomas oficiales para analizarla y valorar si tiene que hacer detener a Carles Puigdemont y extraditarlo. Como ya pasó con las otras euroórdenes, los países receptores hacen traducir a Llarena la orden de detención y la documentación que la acompaña.

En un comunicado, la fiscalía dice que "vista la complejidad del caso y las dos órdenes de detención europeas ya emitidas anteriormente contra Carles Puigdemont, el caso requiere un análisis legal exhaustivo". Y por este motivo pide a Llarena un listado de varios documentos que se tienen que verificar. Entre estos está "la indicación de la existencia de una sentencia ejecutoria, un mandato de arresto u otra decisión judicial ejecutoria con la misma fuerza que entre en el ámbito de aplicación de esta disposición"; "la descripción de las circunstancias en que se cometió el delito, incluido el momento y el lugar de su comisión y el grado de participación en el delito de la persona solicitada"; "la naturaleza y la calificación legal del delito" y "la sentencia impuesta, en caso de sentencia firme, o la magnitud de penas previstas por la ley por la infracción". Aparte del nombre, la dirección, el número de teléfono, el número de fax y el correo electrónico de la autoridad judicial emisora.

El Tribunal Supremo tiene que enviar esta documentación como muy tarde la semana que viene.

Una vez tenga toda la documentación traducida, la fiscalía puede empezar a estudiarla y iniciar todo el proceso legal. Primero se informa del mandato de detención al espacio Schengen. Si el "delincuente" se encuentra en un territorio europeo conocido por las autoridades del país solicitante, se transmite directamente al país en cuestión. Después de haber recibido el mandato, la función de la fiscalía es hacer las primeras verificaciones, entre estas, si el hecho en que se fundamenta la orden de detención europea constituye un delito según la legislación belga. Que en este caso sería la sedición y la malversación.

Si se cumplen las condiciones anteriores, se preguntará al juez de instrucción que decida si el mandato es válido o no para hacer efectiva la euroorden y poner en manos de la justicia española a Carles Puigdemont.

Esta es la tercera euroorden que Llarena dicta contra Carles Puigdemont. Mira a ver si a la tercera va a la vencida. Las otras dos las acabó retirando cuando ya estaban en estudio de la fiscalía cuando intuyó que no llegarían a ningún lugar. En las otras dos ocasiones, la euroorden estaba dictada por el delito de rebelión, el mismo por el que se había procesado a los demás acusados, para así poder hacer un mismo juicio y pedir las mismas penas para los miembros del Govern.

Ahora, una vez dictada la sentencia, Llarena reactiva el proceso judicial contra Puigdemont para tratar de sentarlo en el banquillo de los acusados por los mismos delitos que se les ha condenado: sedición y malversación.