El Consejo de Europa ha vuelto a dar un toque a España por la politización de la justicia. El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo (GRECO) sigue criticando el sistema de selección de los miembros de la judicatura y exige al gobierno de Pedro Sánchez que "formalice" la publicación de comunicaciones con la fiscalía. Si bien celebra que el ejecutivo haya hecho accesibles sus contactos con el ministerio fiscal a Internet, reclama formalizar el paso para mejorar la transparencia en las comunicaciones. Así consta en su último informe sobre prevención de la corrupción entre los diputados, jueces y fiscales.

Por primera vez desde 2013, el GRECO ya no ve "insatisfactoria" la implementación de sus recomendaciones sobre corrupción en España. Sin embargo, no todas sus recomendaciones se han cumplido totalmente, especialmente respecto a la elección del Consejo General del Poder Judicial y los altos cargos de la judicatura española.

De hecho, la única petición que no se ha implementado "seis años después" es la revisión del marco legal del CGPJ para reforzar su independencia. "El GRECO reitera que las autoridades políticas no pueden estar implicadas en ningún momento en el proceso de selección judicial", remarca el informe.

Ministerio fiscal

Además de incentivar la transparencia de la relación entre el gobierno y la fiscalía, el GRECO exige que el ministerio fiscal actúe "de manera decisiva" para avanzar en su "autonomía, integridad y la rendición de cuentas". Así, también critica que el Ministerio de Justicia decida sobre la asignación de personal de las diferentes fiscalías y no cree que se haya avanzado para proporcionar "más autonomía" en la gestión de los recursos del ministerio fiscal.

Demasiados aforados

En otro informe, el GRECO recomienda que se modifique el régimen de aforo para evitar que "obstaculice la acción penal" contra miembros del ejecutivo español bajo sospecha de haber cometido delitos de corrupción.

El documento alerta además de que el número de personas aforadas en España es "numeroso" y que este régimen se aplica tanto a delitos cometidos en relación al ejercicio de funciones oficiales como ajenos a estas.

El GRECO también recomienda someter a los asesores del gobierno a las mismas exigencias de transparencia e integridad que a los altos cargos ejecutivos, detallar la información financiera de los cargos públicos y aumentar los recursos e independencia de la Oficina de Conflictos de Intereses.

Código de conducta de los policías

Con respecto a las fuerzas de seguridad, GRECO reclama que la Guardia Civil adopte un código de conducta con respecto a la prevención de la corrupción. Además, cree que tanto este cuerpo como el de la Policía Nacional tienen que mejorar la prevención, la transparencia y la protección de los denunciantes en este ámbito.

"En España aún no se ha adoptado un marco general y efectivo para la protección de los denunciantes", lamenta el GRECO. Así, defiende que hay que mejorar "sustancialmente" los mecanismos de protección actuales de la identidad física de los denunciantes de casos de posible corrupción, los llamados whistleblowers.