Gonzalo Boye, el abogado de Toni Comín y Meritxell Serret, ha considerado que "no es conveniente" que el presidente Carles Puigdemont viaje a Perpinyà, ya que considera que el convenio hispanofrancés "de detención en caliente" permitiría que la gendarmería francesa retuviera al presidente para abrirle un expediente de extradición.

Así lo ha afirmado el abogado en declaraciones a El Matí de Catalunya Ràdio, donde también ha asegurado que Puigdemont no tendrá ningún problema en el momento que le caduque el DNI, "ya que las autoridades belgas, donde reside legalmente, tienen la obligación de documentarlo".

Boye ya alertó el 20 julio que Francia era ahora el único país de la UE que aceptaría extraditar a Puigdemont en España. Es un país que "tiene particularidades legislativas de colaboración con España", aseguró.

Además, la posible visita de Puigdemont en el Estado francés este septiembre ha generado incógnitas por distintos motivos. El partido de la Catalunya Nord Unidad Catalana organizará un acto el día 4 del próximo mes sobre el proceso de independencia catalán donde el presidente ha sido invitado. Después de que el juez Pablo Llarena retirara todas las euroórdenes como respuesta a la decisión del tribunal de Schleswig —que no vio los delitos de rebelión ni sedición— Puigdemont tiene libertad de movimiento en todo el mundo excepto en España.

Las declaraciones del presidente Puigdemont a una rueda de prensa en Alemania celebrada el mes pasado también han añadido incógnitas sobre sus intenciones de ir a Perpinyà. "No sé si tardaré 20 años en pisar suelo español. Lo que sé es que no tardaré 20 años en pisar suelo catalán", dijo entonces.

Boye ha insistido, por lo que hace al juicio de l'1-O, que se trata de un "caso político" y sobre los problemas que abre eso en el ámbito judicial. "Tampoco será un juicio justo por una serie de factores que se verán en los próximos meses. No pueden tener un juicio justo porque no han tenido una instrucción justa", ha alertado.

Respecto a la anormalidad de habilitar el agosto por la causa 1-O al abogado de los políticos catalanes exiliados ha apuntado que eso no hablaba bien del tribunal y que demuestra que "tiene prisa" para llegar al juicio. Si el instructor del incidente de recusación lo admite a trámite, ha dicho, el juicio no se hará probablemente hasta finales de noviembre.

Sobre los diputados suspendidos Boye ha defendido que no lo tienen que estar pero que durante toda la causa el "Supremo ha demostrado que puede hacer lo que se le antoje".