Todo apunta a que el conflicto entre Catalunya y España, lejos de enderezarse, parece que irá cada día a más y tanto da que el escenario sea local, regional o internacional. El cambio de Gobierno en España debía contribuir a rebajar la tensión, seguramente ese era el objetivo, pero, de momento, las hostilidades no han hecho más que aumentar. Incluso los acontecimientos de la semana hacen pensar que un sector del poder judicial está determinado a dejar claro quién manda de verdad y con qué intenciones, lo que hará imposible nada que se parezca a una situación de normalidad democrática.

La situación es tan anómala que el rey de España se ha visto en la necesidad de organizar y movilizar algo parecido a unos comités de defensa de la monarquía para contrarrestar las protestas que surgen allí adonde va. O, mejor dicho, donde viene. Los Juegos del Mediterráneo han sido un desastre precisamente porque los organizadores han estado más pendientes de evitar los silbidos al monarca que de hacer el trabajo bien hecho. Después, la presencia de Felipe VI en tierras gerundenses se ha visto reducida a un par de actos celebrados a escondidas en locales privados, que han tenido el efecto de avivar la movilización republicana. Y, simultáneamente, en Washington DC, el president de la Generalitat se enfrentaba públicamente con el embajador español, Pedro Morenés, quien decidió hacer su aportación a la internacionalización del conflicto, hablando cuando no era necesario para decir que "cientos de miles de catalanes viven con miedo, aprisionados en su propia comunidad porque se identifican como catalanes y españoles".

Los datos y los testimonios corroboran que existía un guión premeditado cuyo objetivo era utilizar el poder judicial para "descabezar" el movimiento soberanista y "liquidar el independentismo", tal como admitió Soraya Sáenz de Santamaría

Y lo cierto es que los que tienen derecho a tener miedo ya sentirse "aprisionados" son sin duda los quince líderes soberanistas a los que el Tribunal Supremo ha confirmado el procesamiento por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia, al haber participado de un modo o de otro en la manifestación ante el Departament d'Economia del 20 de septiembre, en la organización del referéndum del 1 de octubre y en la declaración política del Parlament sobre la independencia de Catalunya del 27 de octubre. La semana ha dado para mucho y la Audiencia Nacional también ha confirmado el procesamiento de Josep Lluís Trapero y la cúpula del cuerpo de Mossos d’Esquadra acusados de establecer una organización criminal para cometer la sedición. Se atribuye al juez Llarena la teoría, según la cual, los jueces se han visto en la obligación de resolver lo que los políticos han sido incapaces, un planteamiento similar al que usan los militares cuando deciden tomar el poder político por su cuenta.

Sin embargo, la emisión del documental 20-S desenmascara las connivencias organizadas para justificar el ensañamiento judicial y la brutal injusticia que se está cometiendo con Jordi Sánchez, con Jordi Cuixart, con el major Trapero y el resto de presos y exiliados. Cada día es más evidente -y los datos y los testimonios lo corroboran- que existía un guión premeditado cuyo objetivo era utilizar el poder judicial para "descabezar" el movimiento soberanista y "liquidar el independentismo", en palabras de la exvicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que no pudo evitar de reivindicar el copyright.

Se dice y se reitera que el gobierno español no puede interferir en la acción de la justicia, pero sí puede, y de hecho, es su obligación, deshacer las injusticias y rectificar las interferencias políticas del PP que han viciado los procedimientos

Llegados a este punto, nadie que tenga un mínimo de conciencia democrática podrá aceptar como normal la impunidad de una instrucción perversa. Y los que no tengan mucha conciencia democrática, pero necesidad o interés en que todo esto acabe no tendrán más remedio que apuntarse a las movilizaciones por la libertad de los presos o hacer lo que sea necesario bajo cuerda para conseguirlo, porque la libertad, la no represión, es la condición sine qua non para avanzar hacia una cierta normalidad.

Se dice y se reitera que el gobierno español no puede interferir en la acción de la justicia, pero sí puede, y de hecho es su obligación, deshacer las injusticias cometidas y rectificar las interferencias políticas que han viciado los procedimientos contra los líderes soberanistas. Todo lo que ha enmarañado el Gobierno del PP le corresponde al PSOE desenmarañarlo. No tiene alternativa y, en el fondo, para eso fue relevado Mariano Rajoy.

Mientras los jueces continúen escribiendo el guión premeditado de la extrema derecha, el rey de España no podrá volver a Catalunya en condiciones de normalidad; el gobierno español arrastrará el conflicto como una losa que le impedirá avanzar en otros ámbitos; el Govern de la Generalitat no podrá de ninguna manera administrar el país como si nada. No habrá evento institucional, acto político, convención o fiesta mayor que no tenga presente la represión y la injusticia. En esta situación, la normalidad es imposible. Y sería imperdonable.