Las severas acusaciones contra los líderes independentistas han abierto dos debates muy diferentes, tan antagónicos que ponen en evidencia una distancia espiritual entre Catalunya y España tan grande que quizá acabe dando la razón a los que aseguran que la independencia tardará más o menos tiempo pero es algo inexorable.

En España, los partidos políticos, el mundo jurídico y los medios se quejan de que el abogado del Estado sea aparentemente más blando que la fiscalía y ha surgido una defensa prácticamente unánime de todos los estamentos reclamando la máxima represión contra el soberanismo catalán. En Catalunya, en cambio, la cuestión es cómo recuperar la libertad, los derechos civiles y la democracia. Antonio Machado escribió aquello de que "una de las dos Españas debe helarte el corazón". El problema es que, desde Catalunya no se ve hoy ninguna España que no te hiele el corazón y que no te suministre argumentos para marcharte. Aunque no quieras.

¿Dónde está, Machado, la España que no ha de helar el corazón de los catalanes? La España que tradicionalmente ha helado a los catalanes (y antes, a los españoles demócratas) es suficientemente conocida y previsible, así que no se podía esperar una reacción menos agresiva de los líderes de la derecha española, tanto monta Pablo Casado como Albert Rivera, el Abc, La Razón o El Mundo. Sin embargo, el primer titular que le salió a El País, al que teóricamente le corresponde una actitud más machadiana, fue: "La fiscalía pide 25 años de cárcel para Junqueras y la Abogacía del Estado solicita la mitad" y añadía inmediatamente las declaraciones que hizo Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición en las que se mostraba partidario de acusar de rebelión a los dirigentes soberanistas. El editorial del sábado hurgaba en la misma herida que los diarios de la caverna.

¿Dónde está, Machado, la España que no ha de helar el corazón de los catalanes?

Por su parte, el escrito de la fiscalía ha sido liderado desde un buen principio por Javier Zaragoza, que siendo como es miembro de la Unión Progresista de Fiscales, también se podía esperar de él una actitud no tan glacial, y en cambio su participación ha sido determinante para plantear el conflicto en el ámbito judicial de acuerdo con la concepción bélica establecida previamente por el Gobierno y el jefe del Estado. La misión es destruir al enemigo.

Zaragoza fue fiscal jefe de la Audiencia Nacional y ha asumido el caso catalán por su experiencia como uno de los artífices de la derrota militar de la banda terrorista ETA. Ha aplicado en este caso los mismos criterios y para poder hacerlo necesitaba inventarse el componente de violencia que sí tenía ETA y que no ha tenido en ningún caso el movimiento soberanista catalán. La acusación observa violencia en el legítimo derecho democrático a la protesta y la manifestación, como suelen hacer los fiscales de cualquier dictadura o de pseudodemocracias como Turquía, Hungría o Polonia.

Desde un punto de vista político, lo más esclarecedor del escrito de la fiscalía es la referencia que hace del discurso del Rey del 3 de octubre. “Su Majestad, el Rey de España, Felipe VI, en el legítimo cumplimiento de su función como jefe del Estado y primer garante del orden constitucional(...) reclamó de los legítimos poderes del Estado el aseguramiento del orden constitucional (...) instando a los poderes del Estado al cumplimiento de sus responsabilidades”. Los fiscales asumen, pues, que no hacen otra cosa que obedecer al mandato del Rey. Pero lo hacen atribuyéndole al monarca más funciones de las que le corresponden. Según el artículo 60 de la Constitución, el Rey de España está obligado a "guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes respetando los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas", pero, según el artículo 56, que es previo, lo tiene que hacer de manera imparcial porque "arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones". En el fondo, el discurso del Rey del 3 de octubre adquiere el tono propio del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, coherente con el planteamiento militar del conflicto que hace el Estado.

El pacto del 78 asumió la monarquía impuesta por Franco a cambio de que el Rey renunciara para siempre a intervenir en política. Sin embargo, el monarca es hoy quien manda sin estar legitimado para ello

Es obvio que los tiempos han cambiado. Durante la dictadura de Franco hubo en la clandestinidad una cierta connivencia entre la resistencia de España y la de Catalunya. Ahora, en cambio, con la excepción de Podemos y algunos juristas de prestigio que se atreven a hablar porque están jubilados, apenas no hay resistencia a la involución. Los socialistas y sus compañeros mediáticos han cerrado filas con la derecha española y avalan el bombardeo en Barcelona que corresponde cada medio siglo. Y la batalla es contra Catalunya, contra el conjunto de los catalanes piensen como piensen y hablen como hablen, porque no ha habido la más mínima iniciativa de ofrecer nada que no sea represión y escarmiento, una estrategia que sólo puede conducir a eternizar el conflicto.

El pacto constitucional del 78 que otorgaba a los catalanes la última palabra para decidir cómo debía ser su encaje con España, se rompió con la sentencia del Estatut de 2006 que negaba el valor político de la voluntad de los catalanes democráticamente expresada en referéndum vinculante. Ahora, la intervención del monarca y la utilización que hace la fiscalía de su papel confirma la perversión de los principios constitucionales. El pacto del 78 asumió la monarquía impuesta por Franco a cambio de que el Jefe del Estado renunciase para siempre a intervenir en política. Sin embargo, el Rey es ahora el que manda sin estar legitimado para hacerlo. Esta es la regresión democrática del régimen político español. La derecha española lo ha querido siempre y el PSOE, que ya se puso a disposición de Alfonso XIII cuando la dictadura de Primo de Rivera, lo vuelve a hacer ahora con Felipe VI. Y Pedro Sánchez intenta disimular escondiendo el cadáver de Franco, para que no se diga que España no es una democracia.