El hecho de que los servicios de seguridad del Parlamento Europeo impidan la entrada a una de las sedes de la institución a dos diputados electos, no es algo que suceda muy frecuentemente, más bien no había sucedido nunca. Es un hecho de una gravedad tal que debería llevar a todos los que se autodenominan demócratas a plantearse muchas cosas y, entre otras, si quien ordenó tal medida ―Tajani y/o Well― tienen capacidad legal, y legitimación democrática, para secuestrar la principal institución europea o no.

Los hechos son muy simples:

1º) El Parlamento Europeo emitió la Nota 21/2019 estableciendo los días y horarios en que los parlamentarios electos debían acudir a alguna de las dos sedes del Parlamento para realizar los trámites administrativos previos a la sesión de apertura del periodo legislativo 2019-2024. Dicha nota venía firmada por Karol Karski, jefa del departamento administrativo y financiero del Parlamento, el denominado quaestor.

2º) Ante tal nota, que contiene indicaciones expresas de lo que había que hacer por parte de los eurodiputados recién elegidos, tanto el president Puigdemont como el conseller Comín ―igual que han hecho varios cientos de diputados electos― acudieron a realizar esos trámites administrativos.

3º) Una vez ahí, y no sin sorpresa, descubrimos que los servicios de seguridad tenían la lista de todos los electos de Europa y, en ella, los diputados Puigdemont, Comín y Junqueras aparecían en un color distinto al resto... la típica marca que se usa para discriminar y nunca para nada bueno.

A pesar de exigirles a los servicios de seguridad las razones de tal impedimento, lo único que se consiguió averiguar fue que se trataba de una orden verbal del secretario general del Parlamento, Klaus Welle, quien, seguramente, actuó de común acuerdo con Antonio Tajani, por ahora presidente del Parlamento y declarado admirador de Mussolini. Obviamente, nada de esto tiene un amparo legal, sino que se trata de una vía de hecho para impedir al president Puigdemont y a Comín cumplir los trámites administrativos que tiene establecido el Parlamento Europeo para sus nuevos miembros.

Se trata de maniobras impropias de quienes se autodenominan demócratas, quienes no sólo están intentando privar de derechos a los eurodiputados electos, sino al más de un millón de ciudadanos que les eligieron

La desesperación de quienes están empeñados en impedir que ambos eurodiputados realicen su trabajo está llevándoles a situaciones tan esperpénticas como la vivida este miércoles en Bruselas, pero que encaja muy bien con otro intento, previo e igualmente ilegal, de impedirles cumplir con la voluntad popular: aquel acuerdo de un sector de la JEC que pretendió excluirles de la lista electoral. Se trata de maniobras impropias de quienes se autodenominan demócratas, quienes no sólo están intentando privar de derechos a los eurodiputados electos sino, también y específicamente, al más de un millón de ciudadanos de la Unión que les eligieron.

De estas torticeras maniobras podemos sacar algunas conclusiones como son: a) es evidente que son conscientes de que jurídicamente hablando no tienen razón ni podrán impedir que ejerzan como eurodiputados, b) están dispuestos a traspasar la línea que separa la legalidad de la ilegalidad con tal de impedirlo, c) los mecanismos democráticos les quedan grandes y d) la razón moral y legal está de nuestro lado... y lo saben.

Pero aparte de estas conclusiones, me aventuraré con otra que no es menos relevante: estas maniobras están siendo realizadas por los sectores más reaccionarios de la política española y sus aliados europeos y, bien puede ser que, sin siquiera darse cuenta, lo que se pretenda es estropear la estrategia política que Pedro Sánchez se ha marcado para Europa. Sí, cuando en una partida de cartas alguien no sabe quién es el pardillo, seguramente es porque él lo sea... aquí puede estar pasando lo mismo.

Pedro Sánchez y el PSOE están tratando de jugar un papel relevante en Europa para intentar, así, revertir el predominio y control que los populares tienen sobre las instituciones europeas y qué mejor estrategia para dinamitar tal intento que embarrar todo con maniobras tan torticeras como la realizada este miércoles porque, al final, las consecuencias no las pagarán los autores sino el Gobierno de España, es decir Pedro Sánchez.

Puigdemont y Comín ejercerán su mandato como eurodiputados que son, pero tengo serias dudas de que estas actuaciones ilegales y por vías de hecho de Tajani, Welle y compañía no vayan a tener graves consecuencias para la imagen del estado español y, sobre todo, no vayan a terminar pasándole una elevada factura a Sánchez, que aspira a transformarse en el líder de la izquierda europea. 

Quienes para salvaguardar “la indisoluble unidad de la nación española” están dispuestos a retrotraer a España a tiempos pretéritos, pretenden ahora arrastrar a las instituciones europeas al mismo precipicio antidemocrático por el que han despeñado a España

El derecho de la Unión está de nuestra parte, de eso no cabe duda, y la mejor demostración la tenemos cuando Tajani, Welle y sus amigos españoles han tenido que recurrir a porteros de discoteca para intentar impedir lo que las urnas han decidido: que el president Puigdemont y el conseller Comín ejerzan como eurodiputados. Sólo les queda la fuerza, porque perdieron la vergüenza y la razón y, de paso, abandonaron el derecho que, una vez más, es nuestro gran aliado.

La medida de fuerza, ilegal y seguramente con relevancia penal, adoptada por Tajani e implementada por Welle no es más que un burdo intento de privar a más de un millón de ciudadanos de la Unión de tener representación en el Parlamento Europeo y ello con la finalidad de satisfacer los deseos de una serie de políticos españoles que no se cansan de abanderarse con la Constitución. Se olvidan de que la Carta Magna ha de ser interpretada y aplicada en consonancia con los tratados internacionales, entre los que se encuentra el Tratado de Lisboa que todo lo cambió.

El artículo 2 del Tratado de Lisboa establece, entre otras cosas, los principios democráticos en los que se asienta la Unión, la necesidad de seguridad jurídica y, también, el compromiso con el respeto de los derechos de las minorías. Lo actuado por Welle y Tajani es un ataque directo a esos principios y, en especial, a los derechos de la minoría catalana, que está siendo privada, por la fuerza y sin derecho, de sus legítimos representantes y todo ello porque se han puesto nerviosos. Se han dado cuenta de que perdieron la partida legal desde el mismo momento en que el president Puigdemont y Toni Comín obtuvieron sus escaños en el Parlamento Europeo.

En todo caso, quienes para salvaguardar “la indisoluble unidad de la nación española” están dispuestos a retrotraer a España a tiempos pretéritos pretenden ahora, y por iguales motivos, arrastrar a las instituciones europeas al mismo precipicio antidemocrático por el que han despeñado a España. En ese intento harán mucho daño, pero no sólo a Puigdemont y Comín y a su más de un millón de representados sino, también, al “pardillo de la partida” que no es otro que Pedro Sánchez... tiempo al tiempo.