Afirmar (o titular) que el independentismo ha quedado en minoría o ha perdido la mayoría en el Parlament y que la causa sea el desacuerdo entre JxCat y ERC no es LA verdad. Es cierto que Puigdemont y Junqueras no se pueden ver, pero parece mentira que algunos soberanistas interioricen tan fácilmente la propaganda de sus adversarios. La mezcla de propaganda y desinformación ha generado un ambiente de confusión que incluso oculta lo obvio. El Parlament de Catalunya sigue teniendo una mayoría de que defiende la independencia. Lo que ha ocurrido es que una instancia ajena a la institución se ha arrogado el poder de impedir el funcionamiento democrático de la cámara y, arbitrariamente, ha suspendido las funciones de un número suficiente de diputados, en un nuevo intento de alterar el resultado electoral. Alterar (y pervertir) el funcionamiento de la democracia en Catalunya, este es el nudo del conflicto entre Catalunya y España.

Cuando el Gobierno de Mariano Rajoy, con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos, decidió, mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, destituir al Govern que presidía Carles Puigdemont, la intención era suprimir la representación de los catalanes. Los líderes independentistas fueron acusados de rebelión porque era la manera de trasladar la causa al Tribunal Supremo y ordenar la prisión provisional. Se convocaron elecciones con los líderes del movimiento soberanista en prisión y en el exilio para apropiarse de las instituciones catalanas con apariencia de legitimidad democrática. Sin embargo, la operación volvió a fracasar. Entonces, todos los esfuerzos se dirigieron a impedir que los independentistas formaran gobierno. Se prohibió la candidatura de Carles Puigdemont con un nuevo uso perverso del Tribunal Constitucional, que se sometió a los dictados del Ejecutivo, a pesar del dictamen contrario del Consejo de Estado. El president del Parlament optó por no proponer a Puigdemont como candidato ―de ahí la herida entre ellos― pero a Jordi Sànchez también le impidieron defender su programa, y cuando fue el turno de Jordi Turull, el juez Llarena se apresuró a encarcelarlo.

Afirmar (o titular) que el independentismo ha quedado en minoría o ha perdido la mayoría en el Parlament y que la causa sea el desacuerdo entre JxCat y ERC no es LA verdad

Tras la inevitable elección in extremis de Quim Torra como president de la Generalitat y la formación de un nuevo Govern soberanista, la estrategia estatal ha ido dirigida a sabotear el funcionamiento de la mayoría neutralizando los votos de los diputados encausados. Es una manera de alterar la correlación de fuerzas que ya fue empleada con éxito en el País Vasco, cuando se anularon las candidaturas de la izquierda abertzale, adulteraron el resultado electoral y el PSOE con el apoyo del PP ocuparon las instituciones de Vitoria. Ahora, para suspender a los diputados presos y exiliados y adulterar la correlación de fuerzas en el Parlament, el juez Llarena ha utilizado un artículo del Código Penal que se refiere a presos preventivos acusados de terrorismo o de actividades con explosivos.

Hay un principio filosófico que lo explica todo. El pacto constitucional de 1978 otorgaba a los ciudadanos de Catalunya el derecho a decidir en última instancia y de manera vinculante su relación colectiva con España, y el Tribunal Constitucional, en un procedimiento cargado de irregularidades, no sólo neutralizó el contenido del Estatut, sino que anuló el valor constitucional y democrático de la voluntad política de los catalanes. Este fue el golpe que rompía el pacto del 78 y abría el conflicto que nos tiene empantanados. Desde entonces, las instituciones del Estado no han hecho otra cosa que prohibir, impedir, bloquear, reprimir y sabotear las expresiones democráticas de los catalanes. Es todo muy obvio pero suele ocurrir que los árboles no nos impidan ver el bosque.